Ex empleados denuncian a TRANSNOA por una deuda millonaria
Un grupo de ex trabajadores de la empresa transportadora de energía presentó una denuncia federal por manipulación del Programa de Propiedad Participada, estimando una estafa superior a los 43 millones de dólares.
Ex empleados de Transnoa S.A. presentaron una demanda en la Justicia Federal para ser reconocidos como querellantes. Reclaman justicia por beneficios del Programa de Propiedad Participada que no habrían recibido nunca desde 1995. Alegan una estafa millonaria de más de 43 millones de dólares. También denuncian corrupción, asociación ilícita y falsificación de documentos.
El PPP se creó en abril de 1995 tras la privatización de la empresa. Prometía a los trabajadores el 10% del capital accionario de Transnoa. Cerca de 219 ex empleados pasaron a poseer acciones clase C. Sin embargo, nunca cobraron utilidades ni vieron reflejado el aumento del valor de esas acciones. Todos los beneficios quedaron retenidos, según la denuncia.
Con la firma del abogado Juan Andrés Robles, los damnificados denunciaron ante la Justicia Federal a Transnoa S.A., la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), el Banco Nación y el Ministerio de Economía. Se acusa a los involucrados de asociación ilícita, estafa, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, falsificación de documentos y lavado de activos. El monto calculado asciende a 43.800.000 dólares, más intereses y costos.
El escrito judicial detalla que multipartes responsables operaron con comités ejecutivos y asambleas ficticias. Según los denunciantes, designaron directores obreros mediante actos fraudulentos. “Creemos que estamos en presencia de una asociación ilícita”, dijo el abogado Robles. Aseguran que esta estructura impidió que los empleados cobraran las utilidades en casi tres décadas.
Entre los acusados están el sindicalista fallecido Julio Ernesto Luna y Luis Enrique Chemes. Ambos dirigentes del gremio Luz y Fuerza Tucumán. Los denunciantes aseguran que los gremialistas “manipularon todo, armaron las asambleas ’truchas’, e impusieron a las autoridades del comité ejecutivo y a los Directores Obreros que supuestamente nos representaban”.
Robles aclaró que la espera de los ex trabajadores para avanzar con la causa judicial se debe a que "han tenido miedo toda la vida de quien debían defenderlos, el propio Julio Luna" y agrega, "nunca se sintieron representados por él, fueron defraudados y hasta extorsionados por esta persona, cuando quisieron hacer valer sus derechos".
El texto presentado ante la Justicia Federal asegura además, que las utilidades fueron omitidas de los balances para no ingresarlas al fideicomiso. Este mecanismo les facilitó la evasión de su responsabilidad. Esos balances adulterados impidieron que los participantes accedieran a sus beneficios. La bancafiduciaria, el Banco Nación, reconoció que el Comité Ejecutivo del PPP estuvo acéfalo entre 2013 y 2023. Según los demandantes, la entidad admitió que la nueva conformación no contaba con “aval legal”. Esto demuestra, según la denuncia, la “inoperancia y connivencia de la banca fiduciaria”.
Los trabajadores jubilados informan que realizaron múltiples asambleas autoconvocadas y pidieron información, pero siempre fueron excluidos. El Banco Nación avaló su reclamo en abril de 2023, aunque no resolvió la asignación de dividendos ni actualizó las acciones.
El abogado a cargo de la causa enfatizó que la presentación judicial busca que los empleados sean reconocidos como querellantes y puedan seguir el curso de la causa a fondo. También busca que un perito económico contabilice el daño total. Todo ello conforme a la Ley N° 27.372, que ampara a las víctimas de delitos.
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