Histórico revés: el Senado rechazó el veto a la emergencia en discapacidad
Con 63 votos afirmativos y apenas siete negativos, la Cámara alta insistió con la norma. El Gobierno ya prepara la judicialización pero deberá promulgar la normativa.
El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad. Con 63 votos afirmativos, siete en contra y dos ausencias, la Cámara alta impuso una decisión contundente que obliga al Poder Ejecutivo a promulgar la norma. De esta manera, se concretó el primer revés legislativo para el Gobierno con un veto total desde 2003.
El bloque oficialista quedó aislado durante el debate. Solo lo acompañaron la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, exlibertario que volvió a votar con la Casa Rosada. En cambio, la oposición unió al peronismo, la UCR, el PRO y varios legisladores provinciales, alcanzando más respaldo que en la votación original de junio, cuando habían sumado 55 voluntades a favor.
El rechazo del veto marca un antecedente histórico. Desde marzo de 2003, durante la gestión de Eduardo Duhalde hace 22 años, el Congreso no desestimaba una decisión presidencial de este tipo. En aquel momento, se trató de un veto parcial vinculado a la ley de Presupuesto. En esta ocasión, la Casa Rosada había argumentado problemas de financiamiento y cuestionamientos al procedimiento parlamentario, pero sus fundamentos no lograron sostenerse en la votación.
La nueva ley declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre los puntos centrales se incluye la actualización mensual de los aranceles de prestaciones básicas según la inflación, la equiparación de 200 mil pensiones al 70% del haber mínimo y la autorización para que los beneficiarios trabajen sin superar dos salarios mínimos. Además, obliga al Ejecutivo a saldar deudas con prestadores y garantizar financiamiento mediante ampliaciones presupuestarias.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la normativa oscilará entre el 0,22% y el 0,42% del PBI hasta 2026. El Gobierno sostiene que la implementación es inviable sin recursos adicionales, y Milei ya había advertido públicamente: "Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero". Pese a esta amenaza, la ley quedó lista para su promulgación inmediata.
El debate también dejó advertencias políticas hacia el Ejecutivo. El senador santacruceño José María Carambia remarcó en el recinto: "Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político". Con esas palabras, la oposición buscó dejar en claro que el cumplimiento de la norma no es opcional. El oficialismo, en tanto, prepara una judicialización, pero enfrenta ahora el costo político de una derrota legislativa que marcará un antes y un después en la relación con el Congreso.