La Defensoría del Pueblo va a la Justicia por la baja de pensiones por discapacidad
Eduardo Cobos presentó un amparo colectivo contra ANDIS para frenar bajas de pensiones, reponer aquellas perdidas y resguardar derechos de beneficiarios en Tucumán.
El Defensor del Pueblo de Tucumán, Eduardo Cobos, interpuso un amparo colectivo ante la Justicia Federal con el objetivo de frenar la quita de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral. La presentación se realizó junto a la Federación Regional de Ayuda Social al Insuficiente Mental del NOA (FRASIM) y buscó proteger los derechos de las personas afectadas por las decisiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En el escrito presentado, la Defensoría indicó que se detectaron múltiples casos de bajas de pensiones sin notificación previa, lo que impidió que los beneficiarios ejercieran su derecho de defensa. Además, se señalaron deficiencias en las auditorías, como plazos insuficientes y avisos defectuosos que dificultaron la entrega de estudios médicos actualizados por los solicitantes.
La institución advirtió que la pérdida del beneficio no solo implicaba la reducción del ingreso económico, sino también la interrupción de prestaciones médicas esenciales para quienes dependen de este apoyo. En consecuencia, Cobos solicitó medidas cautelares de alcance general que permitieran reponer las pensiones dadas de baja sin el debido proceso y suspender nuevas bajas hasta que se ajusten a la normativa legal vigente.
El amparo remarcó la necesidad de respetar los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según explicó la Defensoría, de prosperar la acción judicial, la medida tendría carácter colectivo en Tucumán, facilitando a los beneficiarios recuperar el beneficio sin necesidad de iniciar trámites individuales.
Con esta presentación, la Defensoría buscó garantizar que las pensiones no sean retiradas arbitrariamente y que los procedimientos de revisión de ANDIS se ajusten a la ley, protegiendo a quienes dependen de estos recursos para su subsistencia y atención médica. La Justicia Federal deberá evaluar el alcance de la medida cautelar solicitada por Cobos y FRASIM.
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