El Gobierno promulgó la ley de discapacidad pero no la aplicará
El Ejecutivo promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2026, pero advirtió que no aplicará la norma sin definición presupuestaria en el Congreso.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el decreto 681, que la extiende hasta diciembre de 2026. Sin embargo, señaló que no aplicará las medidas hasta que el Congreso establezca la fuente de financiamiento necesaria para cubrir los gastos estimados.
La norma establece la recomposición de prestaciones, la actualización automática de pensiones no contributivas y beneficios para empresas que contraten personas con discapacidad. También fija que los haberes se calculen en un 70 por ciento del mínimo jubilatorio y que se otorguen pensiones inembargables a quienes cumplan con los requisitos previstos.
El Gobierno indicó que aplicar esta ley demandaría alrededor de tres billones de pesos este año, equivalentes al 0,35 por ciento del PBI. Además, detalló que en 2025 el costo llegaría a 2,1 billones de pesos y alcanzaría 4,7 billones en 2026, cifras que considera insostenibles sin previsión específica.
Desde el oficialismo remarcaron que el Congreso no contempló los gastos adicionales en el Programa Incluir Salud, que implican más de 574 mil millones de pesos en 2024 y superarán 1,2 billones en 2026. También advirtieron que la actualización de prestaciones arancelarias generará este año un impacto fiscal cercano a los 278 mil millones de pesos.
El Ejecutivo recordó que la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial el 20 de agosto, y que el Senado ratificó esa decisión el 4 de septiembre. Sin embargo, justificó su postura en que la ley no prevé una fuente concreta y suficiente de financiamiento, por lo que consideró inviable su implementación sin responsabilidad fiscal.
En respuesta a esta situación, el bloque Encuentro Federal anticipó que pedirá la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y un voto de censura. Según señalaron, la medida busca exigir explicaciones por “incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad”, además de dictar decretos “nulos e inconstitucionales” y no reasignar partidas según lo aprobado por el Congreso.