Mundo Por: Canal 1010 de diciembre de 2025

Australia prohíbe el uso de redes a menores de 16 años

Australia activó una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años y obliga a las tecnológicas a cerrar o bloquear sus cuentas.
Australia activó una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años y obliga a las tecnológicas a cerrar

Australia vivió este 10 de diciembre un día histórico, porque comenzó a regir la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años. La medida entró en vigor a las cero horas y forma parte de una reforma aprobada por el Parlamento en noviembre de 2024. De esa manera, el país dio un paso fuerte para enfrentar los riesgos digitales que afectan a niños y adolescentes.

La nueva ley obliga a las empresas tecnológicas a desactivar o eliminar todas las cuentas pertenecientes a usuarios de 16 años o menos. También impide la creación de nuevos perfiles dentro de ese rango etario, lo que marca un cambio profundo en el control del acceso juvenil. En consecuencia, las plataformas deberán ajustar sus sistemas internos para respetar la normativa vigente.

El Estado tomó el control absoluto de la regulación, porque la responsabilidad de esta restricción deja de recaer en padres y colegios. Ahora, las tecnológicas enfrentan multas potenciales que pueden llegar a 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 32,5 millones de dólares americanos. Así, el país instaura un modelo más rígido para garantizar la seguridad digital.

La ley abarca a todas las plataformas consideradas como redes sociales y habilitadas para operar en territorio australiano. Esto incluye servicios como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X, Reddit y Twitch, que deberán verificar la edad de los usuarios. Como consecuencia, las empresas tendrán que aplicar sistemas de identificación más estrictos para evitar infracciones.

                                                 

La normativa exige que las compañías adopten “medidas razonables” para cumplir con el bloqueo, a riesgo de enfrentar sanciones económicas. La obligación alcanza a cualquier infraestructura que permita la creación o mantenimiento de perfiles de menores dentro del ecosistema digital. Por lo tanto, el país inaugura un esquema legal que podría influir en futuras regulaciones internacionales

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