Mendoza avanza con denuncias por falta de vacunación
Mendoza denunció a diez padres que no cumplieron el calendario obligatorio de vacunación. Salud provincial activó acciones legales por la Ley 27.491.
El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza presentó denuncias judiciales contra diez padres que no cumplieron el calendario obligatorio de vacunación de menores. Las acciones se realizaron bajo la Ley Nacional 27.491, que garantiza la obligatoriedad de las vacunas y prioriza la salud pública sobre cualquier interés individual. La medida surgió en medio del aumento de contagios de coqueluche registrado en distintos departamentos.
En este contexto, las autoridades sanitarias remarcaron que el incumplimiento del esquema de inmunización genera riesgos comunitarios y demanda respuestas estatales coordinadas. Por esa razón, avanzaron con las denuncias ante la Justicia Civil para que cada adulto responsable responda formalmente. Esta intervención busca reforzar la importancia de la prevención en un escenario donde la vacunación resulta clave para contener brotes.
El ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, confirmó mediante un comunicado que las denuncias ya ingresaron en el fuero correspondiente. Además, explicó que los padres citados deben presentarse en una audiencia obligatoria donde reciben información sanitaria precisa. En esas instancias, los equipos técnicos detallan los peligros asociados al incumplimiento y remarcan la necesidad de completar el esquema oficial en tiempo y forma.
Como parte del proceso, los adultos podrían recibir sanciones previstas por la normativa vigente. El Código de Contravenciones provincial establece multas económicas, trabajos comunitarios e incluso arrestos breves. Estas medidas buscan asegurar la protección integral de la infancia en situaciones donde se vulneran derechos básicos vinculados con la salud pública.
La referente del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, sostuvo que el objetivo central apunta a garantizar la aplicación de las vacunas. Además, aclaró que el enfoque no busca castigar a las familias sino ordenar las intervenciones necesarias. “El juez determina qué medidas tomar. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”, señaló la funcionaria.
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