Tierra del Fuego demanda a Nación por el puerto

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur confirmó que recurrirá a la Justicia contra la intervención del puerto de Ushuaia. La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y generó un inmediato rechazo de la administración provincial. Desde el entorno del gobernador Gustavo Melella sostuvieron que la decisión nacional vulnera competencias propias del distrito fueguino. En ese marco, remarcaron que la intervención representa un avance directo sobre la autonomía política, administrativa y operativa de la provincia. Por eso, anticiparon que la respuesta institucional se canalizará exclusivamente por vías legales y constitucionales vigentes.

Fuentes oficiales señalaron que el Ejecutivo provincial ya trabaja en una estrategia jurídica integral para revertir la decisión adoptada por Nación. “Estamos delineando la mejor estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos vuelva a tener autonomía real y concreta”, afirmaron. En la misma línea, confirmaron sin rodeos: “Vamos a ir a la Justicia”, ante lo que consideran una medida desproporcionada. Además, insistieron en que no existen fundamentos técnicos suficientes que justifiquen una intervención de esta magnitud. De este modo, la provincia busca recuperar el control pleno de una infraestructura clave para su desarrollo económico.

La intervención se conoció este miércoles y establece que la ANPYN administrará el puerto por un año con apoyo de Prefectura Naval. La decisión llegó en plena temporada estival, cuando Ushuaia recibe cientos de cruceros internacionales con miles de turistas. Desde el organismo nacional argumentaron que detectaron falencias estructurales, operativas y administrativas durante inspecciones recientes. Entre ellas, mencionaron problemas en muelles, defensas, tablestacados, carpeta asfáltica y registros financieros incompletos. También cuestionaron la asignación presupuestaria y la tercerización administrativa realizada por el gobierno provincial.

Desde la provincia respondieron que “no hay una razón lógica u objetiva que amerite una intervención” en la terminal portuaria. Aclararon que el puerto funciona con normalidad y presenta dificultades habituales, similares a cualquier infraestructura de características comparables. Asimismo, pusieron el foco en el momento elegido para intervenir una terminal plenamente operativa y estratégica para el país. “Es un puerto que va a ser el que más recaladas tenga entre Argentina y Chile”, subrayaron fuentes oficiales. Recordaron además que Ushuaia es la principal puerta de entrada a la Antártida y un nodo clave del tráfico marítimo regional.

El gobernador Gustavo Melella cuestionó públicamente la decisión y la calificó como “un avance del Gobierno” nacional sobre la provincia. Sostuvo que no comparte ni la medida ni sus fundamentos porque “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. También reveló que mantiene diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar el conflicto institucional abierto. En paralelo, destacó que las principales navieras eligen Ushuaia por cumplir estándares internacionales de seguridad, calidad y servicios. Así, el conflicto suma un nuevo capítulo en la tensa relación política entre la gestión provincial y el Gobierno nacional.

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