Los clubes decretan un paro en respaldo a la AFA y suspenden la fecha de marzo
Los clubes de la Primera División resolvieron un cese total de actividades para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. La decisión alcanzó a todas las categorías del fútbol argentino. El Comité Ejecutivo adoptó la medida por unanimidad durante una reunión convocada en la sede central. De este modo, la dirigencia activó lo que definió como un escudo institucional frente a las presentaciones judiciales impulsadas por ARCA.
Durante el encuentro, Gustavo Lorenzo expuso documentación contable ante los representantes de las entidades afiliadas. El director general afirmó que la asociación no registra obligaciones exigibles ni declaraciones pendientes ante el organismo recaudador. Según la conducción, esos papeles demostraron que no existen incumplimientos formales en materia tributaria. Por eso, los dirigentes interpretaron que la causa judicial configura una persecución contra la estructura que preside Claudio Tapia.
En ese marco, Fabián Berlanga, presidente de Club Atlético Vélez Sarsfield, expresó el malestar tras la reunión dirigencial. El dirigente declaró: "Se está declarando una guerra contra el fútbol. Quieren imponer las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) cuando los socios ya dejaron clara su postura. Uno nota que se ponen trabas injustas; hay cosas muy raras.". Luego, Berlanga advirtió: "Tomaremos la medida que haya que tomar". Con esas frases, vinculó la presión judicial con un intento de modificar el modelo asociativo vigente.
A través de un comunicado oficial, la asociación rechazó las acusaciones formuladas por ARCA. El texto sostuvo que no existen deudas fiscales exigibles al momento de la denuncia. Además, la entidad aseguró que efectuó pagos de manera anticipada antes de los vencimientos correspondientes. También cuestionó la vía penal utilizada por el organismo, al considerar que intenta criminalizar obligaciones que no habían vencido según la normativa.
La causa judicial se originó en diciembre de 2025 tras una investigación sobre el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La fiscalía estimó un perjuicio superior a 19.350 millones de pesos por retenciones de IVA, impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales no depositadas. Los investigadores sostuvieron que la asociación contaba con ingresos superiores a 453.000 millones de pesos en 2025 y mantenía plazos fijos en dólares. La justicia citó a Claudio Tapia para el 5 de marzo; a Pablo Toviggino y Gustavo Lorenzo para el 6; y a Víctor Blanco junto a Cristian Malaspina para el 9. Según testimonios administrativos incorporados al expediente, las decisiones sobre pagos dependían de órdenes verbales o telefónicas de Toviggino, pese a que la entidad disponía de liquidez suficiente.