Caso Erika Alvarez: vinculan a un narco de Brasil
El abogado de Felipe “El Militar” Sosa solicitó profundizar una hipótesis que menciona a un presunto narcotraficante que debería encontrarse bajo custodia.
La estrategia defensiva de Felipe “El Militar” Sosa, imputado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, sumó un nuevo elemento de controversia al expediente al plantear una línea alternativa ligada al narcotráfico internacional, que incluso menciona a un presunto referente del crimen organizado en Brasil.
El planteo fue formulado por el abogado Marcelo Cosiansi, quien sostuvo que aún no existen certezas concluyentes sobre la mecánica de la muerte de la joven y que el propio expediente abre la puerta a hipótesis que, según afirmó, no fueron plenamente exploradas.
De acuerdo con la acusación que lleva adelante el fiscal Pedro Gallo, el crimen ocurrió el 7 de enero en la vivienda de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100, y el cuerpo de la víctima fue hallado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur. En la causa también fueron imputadas por encubrimiento Justina Gordillo —empleada judicial y entonces pareja del acusado—, Nicolás Navarro Flores, allegado de confianza, y Jorge “Chicho” Díaz, empleado de una empresa vinculada a Sosa.
La investigación revela que el caso está atravesado por el consumo y la circulación de drogas. Tanto la víctima como el principal acusado enfrentaban problemas de adicción. En sus declaraciones, Gordillo y Navarro Flores señalaron que Sosa comercializaba estupefacientes, especialmente cocaína y éxtasis. Incluso, el amigo del imputado aseguró que, horas después del hecho, recibió de su parte una piedra de cocaína y una caja con sustancias sintéticas.
En ese contexto, también se incorporaron antecedentes que refuerzan las sospechas sobre actividades vinculadas al narcotráfico. En junio de 2023, durante una inspección judicial en un inmueble de Yerba Buena, se hallaron 162 plantas de cannabis —27 de ellas con cogollos—, cerca de medio kilo de flores de marihuana y equipamiento destinado a la producción y fraccionamiento. Aunque inicialmente fue sobreseído al considerarse que el cultivo tenía fines medicinales, esa resolución fue posteriormente revocada por la Cámara Federal de Apelaciones.
Otra línea que surge del expediente conecta a Sosa con una organización desarticulada en 2024 por el fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán, vinculada a la realización de fiestas electrónicas clandestinas donde se comercializaba éxtasis. Si bien el imputado no fue formalmente acusado en esa causa, surgieron indicios de que podría haber sido proveedor de las sustancias.
Sin embargo, la defensa busca ampliar el foco de la investigación. Los familiares de la víctima señalaron desde un inicio que Álvarez mantenía una relación con un hombre ligado al tráfico internacional de drogas, apodado “El Paraguayo” o “El Brasilero”, quien habría elegido Tucumán como lugar de resguardo.
Posteriormente, fue identificado como Carlos “El Mayor” Ferreira, ciudadano paraguayo acusado de liderar una organización dedicada al transporte aéreo de marihuana.
Se confirmó que había sido detenido en 2021 en Juan Bautista Alberdi por orden de la Justicia Federal del Chaco, aunque no se precisó su situación procesal posterior. Según datos incorporados, habría regresado a Tucumán en 2023 y se habría instalado nuevamente en Alberdi, en medio de investigaciones por posibles conexiones narco con funcionarios.
La Policía llegó a realizar un seguimiento sobre este individuo tras ser mencionado en la causa y lo ubicó en la zona de Orán, en Salta, considerada un punto estratégico del narcotráfico. No obstante, al no reunir pruebas suficientes, no se avanzó con medidas judiciales en su contra.
Cosiansi advirtió que podría tratarse de otra persona con características similares. En ese sentido, remarcó que al menos dos testimonios describen a un hombre con múltiples identidades, recursos económicos y vínculos con el narcotráfico, con fuerte presencia en el entorno de la víctima.
El punto más sensible de la hipótesis defensiva se vincula con la mención de un documento de identidad que, según una familiar de Álvarez, la joven le habría mostrado en vida y que llevaba el nombre de Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, considerado durante años uno de los narcotraficantes más importantes de Sudamérica.
Según explicó el abogado, no se trata de un dato indirecto, sino de la referencia concreta a un DNI que habría sido visto por la propia víctima.
Da Rocha fue detenido en 2017 en Brasil y condenado a 50 años de prisión, lo que introduce un interrogante clave: si esa persona se encuentra efectivamente detenida, cómo se explica la aparición de su identidad en el expediente.
Para la defensa, este elemento abre dos posibles escenarios: o alguien utilizaba una identidad vinculada a uno de los principales jefes narco de la región, o bien no se profundizó una línea investigativa que podría resultar determinante para esclarecer el caso.
Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación, con múltiples aristas abiertas y un entramado que combina violencia, consumo de drogas y posibles conexiones con redes de narcotráfico de alcance regional.
Fuente: Contexto
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