Polémica en Casa Rosada: el Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas acreditados
El gobierno de Javier Milei no renovó las acreditaciones de todos los periodistas que trabajan en Casa Rosada, luego de una denuncia presentada por Casa Militar. Como consecuencia, la Sala de Periodistas quedó cerrada y ningún comunicador pudo acceder a la sede presidencial, ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.
La prohibición abarca a trabajadores de prensa de todos los medios que realizan la cobertura diaria en Balcarce 50. Según trascendió, se trata de una medida sin antecedentes desde el regreso de la democracia en 1983, lo que generó fuerte preocupación en el ámbito periodístico.
En ese contexto, Casa Militar denunció penalmente el miércoles a dos periodistas por presuntos delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares, además de cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. La acusación se originó tras la difusión de videos grabados en el interior de la Casa Rosada.
El organismo encargado de la seguridad en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos depende de la Secretaría General de la Presidencia, área que conduce Karina Milei. Hasta el momento, no se difundió un comunicado oficial con detalles de la medida, y los periodistas se enteraron de la restricción en las rejas de ingreso.
Tras conocerse la noticia, el presidente volvió a cargar contra la prensa a través de su cuenta en la red social X. Allí, lanzó duros insultos contra los periodistas vinculados al reportaje televisivo que motivó la denuncia.
“BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”, escribió el mandatario. Por ahora, no hubo aclaraciones oficiales adicionales sobre la situación.
Lee también:
- Jaldo detalló su agenda en Buenos Aires: “Hemos terminando de cerrar acuerdos"
El mandatario explicó que las reuniones se centraron en regularizar deudas que la Nación mantiene con la provincia y avanzar en obras con financiamiento internacional.