Caso Érika Álvarez: prorrogan la prisión preventiva de dos acusados

La medida cautelar había sido dictada inicialmente el 27 de febrero y, en esta oportunidad, el Ministerio Fiscal pidió renovarla por tres meses más.

Respecto de Navarro Flores, la Fiscalía destacó que declaró en dos oportunidades y que incluso “confesó” haber colaborado con Felipe Sosa (sospechado de ser el autor del homicidio) después del crimen. Según la acusación, el imputado contó que el 7 de enero recibió llamados de Sosa, fue hasta su domicilio y lo vio con una pala y tierra en las uñas. También relató que más tarde recibió bolsas negras y un celular, y una caja con estupefacientes. Además, Brito mencionó que en su segunda declaración en la Unidad Fiscal, realizada el pasado 22 de mayo, Navarro Flores detalló cómo se comunicaba “en código” con Sosa y cómo le ofreció un galpón desocupado para ayudarlo con el ocultamiento relacionado con el hecho.
 

En cuanto a “Chicho” Díaz, la Fiscalía señaló que está acreditado que estuvo en la casa de Sosa el 7 de enero por la tarde a bordo de una camioneta de la empresa “Mundo Limpio”. Para el MPF, más allá del motivo por el que concurrió al domicilio (la defensa afirma que fue a buscar su celular olvidado), lo relevante es que “colaboró con el ocultamiento del cuerpo, la desaparición del teléfono de la víctima y la limpieza del lugar”.

Pericias pendientes 

La auxiliar de fiscal remarcó además la gravedad del caso. “Estamos ante un femicidio con la pena más severa, que es la prisión perpetua, cometido con extrema brutalidad y con intervención de varias personas”, sostuvo. 

Entre las medidas pendientes, la Fiscalía indicó que aún resta analizar celulares secuestrados, cámaras de seguridad, líneas telefónicas y abrir una caja fuerte hallada en un galpón vinculado a Sosa. También continúan las pericias genéticas sobre restos biológicos (saliva y pelo) encontrados en cintas, bolsas, y en la vivienda y la camioneta de Sosa. 

Mientras la defensa de Navarro Flores no se opuso al pedido fiscal, la de Díaz solicitó el cese de la prisión preventiva o, subsidiariamente, arresto domiciliario. Finalmente, el juez resolvió hacer lugar a todo lo demandado por el MPF y en consecuencia ordenó que ambos acusados continúen alojados en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz.