El Gobierno reglamentó el régimen penal juvenil
El Gobierno reglamentó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de 14 a 17 años. La medida quedó formalizada mediante el decreto 875/26, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada. El presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli, además del secretario Juan Bautista Mahiques, firmaron la disposición. Desde ahora, el Ministerio de Justicia tendrá a su cargo la implementación, coordinación general, elaboración de normas complementarias, además de los acuerdos con distintas jurisdicciones.
La reglamentación establece la figura del supervisor especializado, quien acompañará al adolescente durante las distintas etapas del proceso judicial. Este profesional deberá realizar tareas de seguimiento, asistencia, además de control, según las necesidades de cada caso. La norma exige formación en áreas como educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social. Para organizar las designaciones, el Ministerio de Justicia creó el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.
Durante la etapa inicial, la autoridad nacional elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados para intervenir en las causas. El decreto establece un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública destinada a conformar ese registro. Mientras tanto, los jueces elegirán a los supervisores entre quienes integren esa nómina transitoria. Luego, quienes no ingresen al registro definitivo no podrán asumir nuevos casos, aunque podrán continuar con expedientes ya asignados.
Además, la reglamentación dispone la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, con participación de cuatro ministerios. Justicia coordinará ese organismo junto con Seguridad Nacional, Capital Humano, además de Salud. Cada cartera deberá designar representantes para trabajar sobre prevención, abordaje, reinserción, información estadística, además de las penas alternativas. La nueva estructura también permitirá convocar a organismos vinculados con niñez, adolescencia, adicciones, justicia, defensa pública, además de otras áreas estatales.
El decreto también formaliza una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a reunir voluntariamente a representantes nacionales, provinciales, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese espacio buscará unificar criterios técnicos, facilitar acuerdos entre jurisdicciones, además de compartir experiencias sobre la aplicación del sistema. La mesa podrá formular recomendaciones, aunque esas propuestas no tendrán carácter obligatorio para los organismos participantes. Sus integrantes definirán posteriormente las reglas para organizar reuniones, adhesiones, además de procedimientos internos.
En Tucumán, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, destacó las medidas adoptadas antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación. El funcionario explicó que la provincia creó el Instituto Cura Brochero para recibir adolescentes alcanzados por el régimen. “Como provincia nos adelantamos a esta decisión de la nueva ley en donde la rige la baja de imputabilidad a los adolescentes en conflicto con la ley penal, generando el Instituto Cura Brochero”, afirmó.
Masso señaló que actualmente 13 adolescentes permanecen alojados en ese establecimiento, donde reciben educación, formación en oficios, actividades deportivas, además de acompañamiento. El ministro sostuvo que la implementación requiere adaptar las respuestas estatales ante cada situación particular. “Hemos dotado al Instituto Cura Brochero con todo lo que debe tener según los estándares”, aseguró. También remarcó que el objetivo provincial apunta a la reinserción de los jóvenes mediante herramientas educativas, laborales, deportivas, además del acompañamiento familiar.
Por último, la normativa reconoce distintos derechos para las víctimas dentro de los procesos alcanzados por el nuevo sistema penal juvenil. Entre ellos aparecen la tutela efectiva, la asistencia especializada, además del patrocinio jurídico gratuito cuando corresponda. El Ministerio de Justicia deberá desarrollar capacitaciones permanentes para magistrados, fiscales, defensores, además de otros operadores judiciales. Las provincias podrán implementar programas propios para sus funcionarios dentro de sus respectivas jurisdicciones.
El nuevo régimen también establece mecanismos de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia para realizar el seguimiento correspondiente. Esa información deberá respetar la reserva de los procesos judiciales que involucran adolescentes. Con estas disposiciones, el Gobierno nacional comenzó a establecer los mecanismos necesarios para aplicar la Ley 27.801. Tucumán, por su parte, sostiene que cuenta con una estructura preparada para afrontar esta nueva etapa.