Argentina intimó nuevamente al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas
El Gobierno argentino elevó la presión diplomática sobre el Reino Unido por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Este lunes, la Casa Rosada formalizó una intimación para que Londres adopte, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las operaciones del proyecto Sea Lion. La iniciativa busca frenar la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte y evitar nuevas autorizaciones sobre los recursos de la plataforma continental argentina.
En paralelo, el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para que pongan en marcha un procedimiento de arbitraje. El mecanismo está contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Según el comunicado oficial, el Ejecutivo pretende utilizar todas las herramientas legales disponibles para resguardar los derechos soberanos del país.
La advertencia también establece los pasos que seguirá la Argentina si el Reino Unido no responde al reclamo. En ese escenario, el Gobierno solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la aplicación de medidas provisionales. El objetivo será preservar sus derechos sobre la plataforma continental y evitar consecuencias que las autoridades consideran irreversibles.
Desde la Casa Rosada sostuvieron que la explotación unilateral de los recursos naturales contradice el derecho internacional. Además, señalaron que estas actividades ocasionan un perjuicio irreparable a los intereses argentinos.
Tras difundir la decisión, Milei reforzó su postura a través de las redes sociales. “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, escribió el Presidente al compartir el comunicado oficial.
El reclamo argentino y las resoluciones de Naciones Unidas
El documento también incluyó un rechazo categórico a la respuesta británica frente al discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese contexto, el Gobierno cuestionó que el Reino Unido considere a las islas un “Territorio Británico de Ultramar” y recordó que el referéndum celebrado en 2013 no cuenta con reconocimiento internacional.
Para fundamentar su posición, la administración nacional volvió a invocar la Resolución 2065 (XX) de la ONU. Esa disposición reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a buscar una solución pacífica mediante negociaciones.
Asimismo, el Ejecutivo citó la Resolución 31/49, que exhorta a las partes a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el conflicto. Según la interpretación argentina, el proyecto Sea Lion contradice ese principio.
Las autoridades nacionales extendieron su reclamo a las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En todos esos territorios, el Gobierno sostiene que la explotación unilateral de los recursos afecta los derechos de soberanía de la República Argentina.
Sanciones por vuelos entre Malvinas y Chile
La comunicación oficial también informó sobre otra medida vinculada con la disputa. El Gobierno detectó operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, Chile.
Según la denuncia, la compañía utilizó una aeronave con matrícula británica para realizar esos vuelos sin contar con la autorización de las autoridades argentinas. Frente a esta situación, Milei ordenó iniciar de manera urgente los procedimientos sancionatorios y las correspondientes denuncias penales.
Además, instruyó a los organismos competentes para que impulsen las gestiones diplomáticas necesarias. La decisión amplía las acciones del Ejecutivo frente a las actividades que considera contrarias a las normas argentinas y al reclamo de soberanía.
El Gobierno aseguró que mantendrá una postura firme y utilizará las herramientas diplomáticas, administrativas y judiciales disponibles para defender sus derechos. La intimación al Reino Unido y las medidas contra Thales UK forman parte de esa estrategia, que tendrá un nuevo capítulo dentro de las próximas dos semanas, cuando venza el plazo establecido por la Casa Rosada.