Tucumán se convirtió en la primera provincia en adecuar su legislación al nuevo Régimen Penal Juvenil

Legislatura de Tucumán sancionó este miércoles la ley que adapta el sistema provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional N.º 27.801. La aprobación se concretó durante una sesión especial presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo. Con 44 votos a favor y uno en contra, la provincia se convirtió en la primera del país en completar esta adecuación normativa.

La legislación nacional establece un régimen específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por la comisión de delitos. En ese marco, la nueva ley tucumana determina cómo deberán ejecutarse las medidas y penas que disponga la Justicia cuando su cumplimiento dependa de organismos provinciales. Además, incorpora mecanismos de supervisión, seguimiento técnico y acompañamiento socioeducativo.

El proyecto fue elaborado en la Comisión de Legislación General, que preside el legislador Gerónimo Vargas Aignasse. Durante su tratamiento, la comisión organizó reuniones con representantes de los tres poderes del Estado. También convocó a integ

rantes de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios provinciales, jueces, fiscales y abogados vinculados con la temática.

Entre los principales objetivos del nuevo régimen figuran la responsabilización de los adolescentes, su integración social y la reducción de la reincidencia. La normativa también contempla la protección de las víctimas y de la comunidad. Para cumplir con estos propósitos, crea el Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial.

Los supervisores deberán realizar un seguimiento individual de cada adolescente alcanzado por la ley. Entre sus responsabilidades estarán controlar el cumplimiento de las medidas judiciales, coordinar acciones con distintas instituciones y acompañar los procesos de reintegración social. De esta manera, el sistema incorpora una estructura específica para supervisar la aplicación de las disposiciones judiciales.

La ley también establece que

las penas privativas de libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados para personas menores de 18 años. Para ello, crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”. Esta institución tendrá a su cargo la ejecución de las condenas de prisión y de determinadas medidas previstas en el régimen.

Vargas Aignasse destacó el trabajo conjunto entre los poderes del Estado

Tras la aprobación, Gerónimo Vargas Aignasse resaltó la rapidez con la que Tucumán completó la adaptación de su normativa. El legislador señaló que la provincia logró avanzar en la adecuación procesal y en la implementación de un esquema orientado a la transformación personal de los adolescentes. También subrayó la participación de los distintos poderes del Estado durante la elaboración del proyecto.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo no debe limitarse a la aplicación de una condena. “Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, expresó. Asimismo, explicó que los dispositivos que actualmente funcionan en la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia deberán adaptarse a las edades contempladas por la nueva legislación.

Por su parte, el legislador Mario Leito remarcó la importancia de establecer herramientas concretas para llevar la ley nacional a la práctica. Según explicó, la adecuación provincial requiere modificaciones administrativas y procesales, además de la organización de las estructuras encargadas de ejecutar las medidas. También detalló que, durante las reuniones de trabajo, los representantes de los tres poderes analizaron dónde debía funcionar el Cuerpo de Supervisores. Finalmente, acordaron que dependa del Poder Judicial.

El legislador Agustín Romano Norri, en tanto, destacó que la iniciativa surgió de la unificación de cinco proyectos. Durante su intervención, señaló que el nuevo sistema deberá brindar herramientas para la reinserción laboral de los adolescentes en conflicto con la ley. Además, remarcó la necesidad de articular el trabajo entre las distintas áreas estatales para garantizar su implementación.

Por último, la legisladora Silvia Elías de Pérez puso el foco en el carácter especializado del régimen y en la importancia de las políticas de acompañamiento. En particular, mencionó la educación, la atención psicológica y el tratamiento de los consumos problemáticos como aspectos que deberán formar parte de la respuesta estatal.

Con la sanción de esta ley, Tucumán incorpora un marco específico para la ejecución de las medidas y penas previstas en el nuevo régimen nacional. La implementación requerirá la coordinación de los organismos provinciales y del Poder Judicial, junto con la adaptación de los dispositivos existentes y el fortalecimiento de los equipos profesionales que tendrán a su cargo el seguimiento de los adolescentes.