Malvinas: Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera de Sea Lion
El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales contra las operaciones petroleras autorizadas por el Reino Unido en las Islas Malvinas. La iniciativa apunta a detener el desarrollo de Sea Lion, un proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Además, busca preservar los derechos que el país reclama sobre su plataforma continental. La presentación se realizó ante el organismo con sede en Hamburgo, Alemania, luego de que venciera el plazo diplomático otorgado a las autoridades británicas.
La medida fue impulsada conjuntamente por la Procuración del Tesoro de la Nación y la Consejería Legal de la Cancillería, conducida por el embajador Mario Oyarzabal. El canciller Pablo Quirno calificó la presentación como “un hecho sin precedentes” y señaló que busca resguardar los intereses argentinos. El planteo también apunta a prevenir posibles daños en el medio marino. Según el Gobierno, la autorización unilateral de las actividades hidrocarburíferas constituye el eje de una controversia que ahora suma una instancia judicial internacional.
El pedido se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El 28 de septiembre, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento previsto en el Anexo VII de ese tratado. En esa comunicación, las autoridades nacionales otorgaron un plazo de dos semanas para que Londres adoptara medidas contra el proyecto. Sin embargo, el período venció el lunes 12 de octubre sin que se detuviera el desarrollo, por lo que el Ejecutivo avanzó con la solicitud cautelar.
El proyecto Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y está a cargo de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La compañía israelí controla el 65 % de la iniciativa y asume su operación, mientras que la firma británica conserva el 35 % restante. Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010 y posteriormente incorporó a Navitas como socia mayoritaria. A fines de 2025, ambas empresas adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, que contempla el inicio de la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.
De acuerdo con las estimaciones difundidas sobre el desarrollo, el yacimiento podría alcanzar una producción de hasta 180.000 barriles diarios de petróleo. La controversia también escaló después de que trascendiera la autorización atribuida al secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband. Ahora, el Tribunal del Mar deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si corresponde dictar las medidas solicitadas. El organismo puede aceptar el pedido, rechazarlo o establecer disposiciones de otro alcance mientras examina los fundamentos jurídicos de la controversia.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar está integrado por 21 jueces y sus decisiones son obligatorias para los Estados partes, conforme al marco aplicable. Entre sus autoridades figura la magistrada argentina Frida Armas, vicepresidenta del organismo, cuya participación en el caso debería evaluarse por posibles cuestiones de imparcialidad. En paralelo, el Gobierno argentino reiteró el reclamo para que el Reino Unido retome las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las islas. La administración nacional sostiene que ese diálogo debe desarrollarse conforme a las resoluciones vigentes de las Naciones Unidas.