Incidentes en la marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los incidentes registrados el jueves durante la Marcha Federal Universitaria, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La presentación fue impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad e incluye acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado contra el orden constitucional y daño agravado.
Según el escrito, los implicados habrían actuado con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. La denuncia sostiene que primero dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes y luego los arrojaron contra integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales que cumplían funciones en el lugar.
Entre las personas detenidas se encuentra un adolescente de 14 años, aprehendido por la Policía de la Ciudad en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre. El menor fue señalado por arrojar piedras contra un móvil policial. Debido a su edad, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Este y se dio participación al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los enfrentamientos dejaron ocho efectivos lesionados, de acuerdo con el balance difundido por las autoridades. Cuatro pertenecían a la Gendarmería Nacional, dos a la Prefectura Naval y otros dos a la Policía Federal. Además, el Gobierno porteño estimó preliminarmente en $90 millones los daños materiales en la Plaza de los Congresos y sus alrededores, incluidos veredas, canteros, espacios verdes y mobiliario urbano. La cifra podría modificarse cuando finalice el relevamiento.
La movilización había sido convocada para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y defender los recursos destinados a las universidades públicas. La protesta coincidió con el intento de la oposición de reunir quórum en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del DNU 70/2023, aunque la iniciativa no pudo debatirse por la falta de legisladores en el recinto.
Tras los incidentes, Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios y sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia contra los efectivos ni a destruir bienes públicos. En este contexto, el Ministerio de Seguridad busca que el material reunido permita avanzar con la investigación judicial.
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