Diputados aprobó la Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad con amplia mayoría
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una nueva ley de protección social para personas con discapacidad, con una amplia mayoría. El resultado fue posible tras una serie de negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo entre el oficialismo, sectores del peronismo y bloques dialoguistas.
La iniciativa consiguió 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, por lo que obtuvo la media sanción y fue girada al Senado. Se espera que el proyecto sea tratado en la Cámara alta en el corto plazo.
El dictamen de mayoría, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, fue acordado por el oficialismo con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. La propuesta conserva prácticamente todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad para establecer una normativa permanente.
Entre los puntos que se mantienen figura la compatibilidad entre una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el acceso a un empleo formal o al monotributo. Este beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El proyecto también conserva el principio de nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, la iniciativa dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. A su vez, incorpora auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Por último, a pedido de bloques aliados, se agregó una cláusula transitoria que exige establecer un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores, con un plazo máximo de 30 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Durante la jornada, referentes de Unión por la Patria mantuvieron reuniones con representantes de colectivos de discapacidad para evaluar el respaldo al dictamen de mayoría, en lugar de insistir con la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
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