Los taxistas se manifestaron para exigir la regulación de las aplicaciones de transporte. En el reclamo advirtieron de medidas de fuerza si no hay respuestas.
La dirigente social Susana Trimarco en una comunicación exclusiva con canal 10 salió a responder públicamente las acusaciones vinculadas al presunto alquiler irregular de un inmueble cedido a la Fundación María de los Ángeles. La denuncia, presentada por el abogado Ernesto Baaclini, sostiene que el predio del Pasaje Sargento Gómez 60 en el Bajo de San Miguel de Tucumán fue alquilado a un comercio pese a estar bajo custodia provisoria del Estado.
Según la presentación judicial, el inmueble había sido entregado en octubre de 2023 a la Fundación sin costo y con la prohibición de modificar su uso. Los empresarios Aguilar y Gaitán, dueños del local “Imperio YOCY”, denunciaron que Trimarco, a través de su apoderado Augusto Reinoso, les cobró una “llave” de seis millones de pesos y un alquiler mensual de tres millones. Los pagos, según la acusación, se habrían depositado en cuentas personales de Trimarco y de la tesorera María Alejandra Facetti.
Ante estas versiones, la fundadora de la institución desmintió categóricamente los hechos. “Buen día, salgo a responder ahora y no estuve. Es una mentira total. No hay ninguna denuncia de esta gente. Ese predio nos dieron para sacar beneficio para las víctimas de trata de personas. Nos entregaron por un decomiso de una causa de trata. Le pedí ayuda al ministro de la provincia”, declaró. Además, aclaró que el inmueble fue devuelto meses atrás. “En mayo entregué el predio al Estado nacional. El compromiso era brindar el espacio y dar trabajo sin el concepto de alquiler”, agregó.
Trimarco explicó que el acuerdo con el comercio fue una colaboración temporal para afrontar gastos básicos. “No había ningún contrato de locación. Se trató de una ayuda mutua para sostener los gastos básicos de la Fundación: luz, teléfono, gas. No se puede hablar de alquiler porque el inmueble no podía alquilarse”, afirmó. También indicó que, al detectar irregularidades, decidió cortar vínculos. “Cuando supe que había denuncias contra esa gente, fui al Juzgado Federal y entregué todo. No quiero saber más nada con ese lugar”, expresó.
La dirigente vinculó la denuncia con una “campaña de difamación” en su contra y apuntó directamente contra el abogado denunciante. “Baclini siempre me persiguió. Fue abogado de los Ale y de narcotraficantes. Me maltrata y me ha difamado durante años”, aseguró. En ese sentido, adelantó que analiza acciones legales: “Haré acciones legales y bozales. ¿Qué se cree este tipo? Atiende causas, saca presos y narcotraficantes”.
Visiblemente afectada, Trimarco defendió su trayectoria y la transparencia de la institución. “La Fundación no debe un peso a nadie. Tenemos los balances aprobados y el respaldo del Ministerio de Justicia y de la Embajada de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esa gente me apoyaría si yo fuera una corrupta?”, planteó. Luego, recordó su lucha: “Yo no voy a ensuciar el nombre de mi hija. Llevo 24 años de lucha. Nadie me va a venir a ensuciar, porque vivo de mi trabajo y de una jubilación”.
Finalmente, confirmó que la propiedad está bajo control del Estado y que su organización continúa asistiendo a víctimas de trata. “Todo está claro y rendido. El lugar fue entregado en mayo y nosotros seguimos trabajando como siempre: ayudando a mujeres que necesitan justicia y contención”, concluyó Trimarco.
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