El Gobierno asegura que presentará antes de fin de año la auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ante la Justicia. Sostiene que ya hubo intercambios de documentación con los investigadores y que el informe para el juez Sebastián Casanello está “avanzado” y en etapa final.
Los equipos que responden al interventor Alberto Vilches revisan desde hace meses los procesos administrativos relacionados con la compra de medicamentos. Analizan facturas que no figuraban en portales públicos ni contaban con trazabilidad dentro del Ministerio de Salud. En despachos oficiales admiten indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares.
En la Casa Rosada remarcan que “no hay preocupación” por las referencias a Karina Milei en la causa judicial. También niegan tensiones por los llamados a declarar del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y de su exdirector Daniel Garbellini. Aseguran que las inscripciones “KM, SC, ML, PAMI y CZ” halladas en cuadernos no corresponden a un esquema de corrupción.
El Gobierno insiste en que modificará el sistema de compras de la ANDIS cuando concluya la auditoría y avance el proceso judicial. Su objetivo es realizar adquisiciones de manera directa a los laboratorios, sin la intervención de droguerías. No obstante, reconocen que el cambio será “largo” por los costos administrativos y legales que implica.
Las autoridades prevén además derogar contrataciones vinculadas con actores bajo investigación. Según el Ministerio de Economía, la ANDIS destina $3,1 billones a gastos de seguridad social, $556.054,96 millones a salud y $5.300 millones a promoción y asistencia. La investigación judicial apunta a presuntos direccionamientos de contratos y pedidos de coimas que involucran a cuatro droguerías.
La próxima citada por el juez Casanello es Lorena Di Giorno, convocada para el 28 de noviembre. Los elementos que analiza la Justicia deberán figurar en la auditoría que el Gobierno se comprometió a entregar en las próximas semanas.
