
El Gobierno nacional prepara un cambio profundo en la estructura de subsidios energéticos y confirmó que aplicará un esquema único desde enero de 2026. La propuesta incluye a los servicios de luz, gas natural, gas propano y garrafas, lo que implica abandonar definitivamente la segmentación por niveles aún vigente. Con esta medida, el Ejecutivo busca ordenar el gasto estatal y orientar la ayuda hacia los hogares con menor poder adquisitivo.

Según lo anunciado, el nuevo sistema dividirá a los usuarios en dos grupos: quienes recibirán asistencia del Estado y quienes deberán afrontar el costo pleno de la energía. La Secretaría de Energía abrió este viernes una consulta pública y otorgó quince días hábiles para que ciudadanos, organismos y entidades envíen observaciones. Este paso marca el inicio del proceso técnico previo a la implementación del nuevo modelo.
El acceso al beneficio quedará limitado a los hogares cuyos ingresos no superen las tres Canastas Básicas Totales, equivalentes a $3.641.397. Esta condición reemplazará las categorías anteriores, aunque las personas registradas en el RASE serán trasladadas al nuevo esquema con la opción de actualizar sus datos. De esta manera, el Gobierno busca evitar exclusiones y garantizar una transición administrada durante los primeros meses.
El sistema vigente bonifica una parte del precio de la energía consumida, que incluye cargos de transporte, distribución e impuestos. La iniciativa oficial eliminará ese mecanismo y establecerá un esquema de cobertura focalizado que reducirá progresivamente la intervención estatal. Esta modificación responde al objetivo de ordenar el gasto público y transparentar el costo real de cada servicio brindado.
Desde el Ministerio de Economía aseguraron que “la reducción de subsidios será acompañada de una actualización paulatina de tarifas y de la focalización de la ayuda, para minimizar el impacto sobre la factura promedio durante la transición”. Esta aclaración busca anticipar los efectos que tendrá el cambio y prepara a los consumidores para un 2026 marcado por ajustes energéticos y mayor precisión en la asistencia estatal.


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