Allanan una financiera ligada al entorno del chiqui Tapia

La Justicia federal allanó este lunes la sede principal de Sur Finanzas en el marco de una causa por presunto lavado de dinero asociado a transferencias de futbolistas y operaciones comerciales irregularmente registradas. El procedimiento se realizó en Adrogué, por orden del juez Luis Armella, y alcanzó también otras 19 locaciones, incluidas oficinas vinculadas al Club Banfield, que aparece mencionado en la denuncia presentada por la DGI.

En este expediente, los investigadores buscan determinar si la financiera, creada en 2022, canalizó movimientos sospechosos relacionados a préstamos, contratos publicitarios y salvatajes económicos entregados a distintos clubes del fútbol argentino. La firma creció de manera exponencial en poco tiempo y, según la denuncia, habría manejado cifras que superan los $800.000 millones utilizando monotributistas sin capacidad operativa, mutuales y empresas del rubro cerealero para triangular fondos de origen incierto.

Además, el expediente incluye maniobras vinculadas a la transferencia del ex jugador de Banfield Agustín Urzi, donde aparece mencionado el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y dirigentes como Oscar Tucker y Federico Spinosa. La DGI señaló irregularidades que podrían implicar evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos, además de movimientos no declarados que habilitaron el avance de la causa en el fuero federal. También se mencionan clubes como Temperley, Morón, Excursionistas y Defensores de Glew dentro del esquema investigado.

Mientras tanto, Claudio “Chiqui” Tapia, a quien se vinculó con Sur Finanzas por su cercanía con algunos de sus operadores, no ofreció explicaciones públicas sobre la investigación. Desde la AFA tampoco respondieron consultas relativas al rol de la firma en adelantos de derechos televisivos o en contratos realizados con instituciones afiliadas. Estas dudas se suman al clima de cuestionamientos que ya rodeaba la conducción del organismo por fallos arbitrales y decisiones polémicas durante los últimos campeonatos.

En paralelo, el juez ordenó continuar con la recolección de documentación contable, contratos celebrados con clubes, movimientos bancarios y respaldos de operaciones realizadas por la plataforma PSP de la financiera. Con esta información, la Justicia intenta reconstruir un circuito que, según la denuncia inicial, funcionó más como una estructura de triangulación que como una empresa tradicional del sistema financiero. El avance del caso mantiene en alerta al ambiente futbolístico, que vuelve a quedar envuelto en sospechas que lo alejan del juego y lo acercan al centro de la escena judicial.