El Gobierno Nacional autorizó la ejecución de obras prioritarias destinadas a ampliar el sistema de transporte eléctrico en todo el país. La decisión quedó formalizada con la publicación del Decreto 921/2025 en el Boletín Oficial durante la jornada de hoy. La norma habilitó un régimen de concesión de obra con participación de inversión privada y reglas previamente definidas. En este contexto, el Ejecutivo buscó atender limitaciones que afectaron el funcionamiento del sistema energético nacional. De esta manera, el decreto apuntó a reducir riesgos de cortes de suministro y mejorar la capacidad de traslado energético.
El texto oficial explicó que la red de transporte enfrenta cuellos de botella que dificultan el flujo entre generación y consumo. Estas restricciones limitaron el aprovechamiento pleno de la energía producida en distintos puntos del territorio argentino. Ante ese escenario, el Gobierno dispuso medidas para fortalecer la infraestructura eléctrica existente. La norma se presentó como una herramienta para acompañar el crecimiento sostenido de la demanda energética. Así, el Ejecutivo buscó garantizar mayor confiabilidad y previsibilidad en el abastecimiento eléctrico nacional.
El decreto estableció que las ampliaciones del transporte eléctrico se realizarán a través de licitaciones públicas. El esquema incluirá convocatorias de alcance nacional e internacional bajo el régimen de concesión de obra pública. Según lo dispuesto, las empresas adjudicatarias asumirán la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. Este mecanismo permitirá evitar una afectación directa de los recursos fiscales del Estado nacional. Además, el modelo ofrecerá previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica para los proyectos licitados.
La norma delegó en la Secretaría de Energía la conducción integral del proceso de selección de concesionarios. Ese organismo tendrá a su cargo la aprobación de pliegos, la convocatoria y la evaluación de ofertas recibidas. Asimismo, la Secretaría intervendrá en la adjudicación de los contratos correspondientes a cada obra. Por su parte, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación del régimen establecido. Desde esa función, ejercerá controles sobre la ejecución de las obras y el cumplimiento contractual.
Con este esquema, el Gobierno pretende normalizar el funcionamiento del sector eléctrico en todo el territorio nacional. La iniciativa apunta a generar condiciones para reactivar inversiones que permanecieron postergadas durante años. El fortalecimiento del transporte eléctrico resulta clave para la seguridad energética y el desarrollo productivo. Además, el plan busca reducir restricciones que afectan a usuarios residenciales, industrias y regiones alejadas. De este modo, el Ejecutivo posicionó al Plan Nacional de Ampliación como eje de la estrategia energética futura.
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