El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos para el mes de enero. La medida quedó establecida a través del Decreto 929/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Según la normativa, el ajuste tendrá impacto directo en los valores finales que pagan los consumidores en surtidores. No obstante, el Ejecutivo resolvió diferir una parte del incremento impositivo pendiente para el mes de febrero. De esta forma, la administración implementa un esquema escalonado para la aplicación de los tributos.
El decreto determina los nuevos valores de los impuestos para los hechos imponibles entre el 1° y el 31 de enero de 2026. En el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen, el impuesto a los combustibles líquidos asciende a $17,291 por litro. En diciembre, ese tributo se ubicaba en $16,373 por litro, según los registros oficiales. Además, el impuesto al dióxido de carbono para esos combustibles se fija en $1,059 por litro. Previamente, ese gravamen alcanzaba los $1,003 por litro antes de la actualización dispuesta.
Para el gasoil, el decreto establece un incremento en el impuesto a los combustibles líquidos hasta los $14,390 por litro. Durante diciembre, ese mismo tributo se encontraba fijado en $13,546 por litro. En las zonas alcanzadas por el tratamiento diferencial, el impuesto se eleva a $7,792 por litro. Ese valor representaba $7,335 antes de la nueva actualización impositiva. Por su parte, el impuesto al dióxido de carbono para el gasoil asciende ahora a $1,640 por litro.
El ajuste impositivo alcanza a todo el territorio nacional, aunque presenta particularidades para algunas regiones específicas. El tratamiento diferencial para el gasoil se aplica en Neuquén, La Pampa, Río Negro y Chubut. También incluye a Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones y el Departamento de Malargüe. Estas zonas cuentan con un esquema especial que modifica el impacto final del tributo. De este modo, el Gobierno mantiene un criterio regional para la aplicación de los impuestos.
El decreto establece que los incrementos remanentes correspondientes a actualizaciones previas no se aplican plenamente en enero. Las subas pendientes del año calendario 2024 y de los primeros trimestres de 2025 se trasladan a febrero. En el texto oficial, el Ejecutivo explicó la decisión adoptada para los combustibles alcanzados. Según el decreto, “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”. Así, la administración busca moderar el impacto inflacionario derivado de los aumentos impositivos.
Con este esquema, el Gobierno de Javier Milei continúa aplicando aumentos impositivos de manera escalonada. La estrategia apunta a evitar un traslado inmediato y completo de los impuestos al precio final de los combustibles. El Ejecutivo considera que una aplicación gradual reduce el impacto en los surtidores. Asimismo, la medida busca limitar efectos indirectos sobre el índice de inflación. De esta manera, el Gobierno combina recaudación fiscal con objetivos de estabilidad económica.
