El Gobierno nacional trabaja en un nuevo decreto destinado a reformar el sistema migratorio y reforzar los controles fronterizos en todo el país. La iniciativa busca fortalecer las atribuciones de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que depende del Ministerio de Seguridad. De esta manera, el Ejecutivo avanza en una política migratoria con mayor enfoque en seguridad y control estatal. Así, el esquema vigente podría sufrir nuevas modificaciones durante los próximos meses.
Según información oficial, el proyecto profundiza los cambios introducidos por el DNU 366/2025, publicado durante el mes de mayo. Ese decreto ya había establecido mayores exigencias para el ingreso al país y el acceso a beneficios sociales.
Además, incorporó mecanismos vinculados a la promoción de inversiones extranjeras, como la denominada ciudadanía por inversión. Ahora, el Gobierno analiza ampliar ese marco normativo con nuevas disposiciones.
Fuentes oficiales explicaron que el objetivo central del decreto es ampliar competencias y tareas específicas del organismo migratorio. El foco principal está puesto en consolidar una política de seguridad más estricta en pasos fronterizos y controles internos. "La idea es fortalecer el rol de Migraciones y la política migratoria en general. Hay cuestiones que aún deben reglamentarse y corregirse. Se apunta a una doctrina de seguridad más dura". En ese sentido, se prevé un mayor análisis de antecedentes de quienes ingresan al país.
Dentro de las medidas evaluadas aparece la posibilidad de exigir visa a ciudadanos de más países para ingresar a la Argentina. Actualmente, ese requisito rige para varias naciones de Asia y África, como China, Afganistán, Angola, Egipto y Haití. La ampliación del listado buscaría regular con mayor rigor el flujo migratorio internacional. Así, el Gobierno apunta a reforzar los controles en función de criterios de vigilancia y seguridad.
Hasta el momento, Migraciones cumplía funciones principalmente administrativas vinculadas a residencias, ciudadanías y control de ingresos. Sin embargo, los cambios introducidos durante 2025 comenzaron a ampliar significativamente su campo de acción. El DNU 366/2025 habilitó la deportación de extranjeros condenados por delitos y limitó el acceso a servicios gratuitos. Además, estableció que solo podrán acceder a la ciudadanía quienes residan de manera continua durante dos años.
En ese contexto, el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fijó una postura clara sobre la nueva orientación oficial. "Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora". La declaración refleja el endurecimiento del enfoque migratorio impulsado por el Ejecutivo.
Así, el Gobierno avanza hacia un modelo más restrictivo y controlado.
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