El Gobierno nacional dispuso una suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional, incluyendo organismos y entidades bajo la órbita estatal. La medida busca racionalizar el gasto y controlar la planta de empleados, en el marco de un proceso de reestructuración impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La decisión fue oficializada esta madrugada con la publicación del decreto 934/2025 en el Boletín Oficial. Allí se establecen las restricciones para nuevas incorporaciones y se detallan las excepciones puntuales, que solo permitirán ingresos bajo criterios estrictos de recambio y necesidad funcional.
Según el texto, las jurisdicciones y entidades comprendidas en la Ley de Administración Financiera no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de ningún tipo. De este modo, quedaron anuladas las futuras incorporaciones a plantas transitorias, así como las contrataciones temporales, a plazo fijo, por tiempo indeterminado, parcial o eventual.
La restricción también alcanza a los contratos por prestación de servicios con profesionales autónomos, las designaciones transitorias en planta permanente y cualquier modalidad de empleo con o sin relación de dependencia. No obstante, se establecieron excepciones para sectores considerados estratégicos, como la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad —excluida su planta civil— y el personal de salud e investigación.
Además, el decreto incorpora un mecanismo de reemplazo controlado: a partir de 2026, cada organismo podrá realizar una incorporación por cada dos bajas que se produzcan, siempre que no se trate de retiros voluntarios ni acuerdos de salida. Para ello, será necesaria la autorización de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, que evaluará cada caso junto con la Secretaría de Hacienda.
Por último, la norma mantiene excepciones como las contrataciones artísticas en la Secretaría de Cultura, las prórrogas de contratos vigentes, el personal de gabinete y los procesos de selección ya iniciados para planta permanente. También garantiza el cumplimiento del cupo de discapacidad y prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la Decisión Administrativa N° 28, que limita las contrataciones estatales, adecuando sus referencias al presupuesto vigente.
