El Gobierno Nacional anunció el congelamiento administrativo de activos presuntamente asociados al financiamiento de armas de destrucción masiva en territorio argentino. La decisión surge tras una investigación desarrollada por la Unidad de Información Financiera, organismo que conduce Paul Starc. De este modo, el Ejecutivo avanzó con una medida preventiva que apunta a frenar posibles maniobras ilícitas dentro del sistema financiero. Además, la resolución busca bloquear recursos económicos mientras continúan las tareas de análisis y verificación de vínculos internacionales.
En este contexto, la medida se enmarca dentro de los lineamientos promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional en los últimos años. El GAFI incorporó el combate al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva como uno de sus ejes estratégicos prioritarios. Este objetivo se suma a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a escala global. Así, la Argentina refuerza su alineamiento con las políticas internacionales de prevención financiera.
Asimismo, la decisión también se ajusta a los estándares establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dicho organismo considera prioritaria la prevención de la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas para la seguridad global. El enfoque se centra en el desarme y en la reducción de amenazas que afectan al orden internacional. En consecuencia, el Gobierno avanzó con medidas concretas dentro del marco normativo vigente.
En paralelo, la UIF había dispuesto esta semana un nuevo mecanismo de control mediante la Resolución 3/2026. La norma, publicada en el Boletín Oficial, establece un sistema estricto de detección y reporte inmediato de operaciones sospechosas. El régimen alcanza a los sujetos obligados incluidos en el artículo 20 de la Ley 25.246. De esta manera, se fortalece el monitoreo sobre movimientos financieros sensibles.
Entre los requerimientos, los sujetos obligados deben informar operaciones vinculadas a bienes bajo control de personas designadas por la ONU. También deben detallar indicios relacionados con programas de armas nucleares, biológicas, químicas o misiles balísticos. En este marco, la UIF resolvió suspender los activos mientras profundiza las investigaciones en curso.Las tareas apuntan a detectar posibles nexos con organizaciones delictivas internacionales.
“La decisión se tomó a partir de información de inteligencia financiera recibida desde el exterior, que fue analizada y complementada con una investigación local realizada por la UIF”. Desde el Ejecutivo destacaron que la iniciativa constituye un “precedente de relevancia internacional”. Además, remarcaron que se trata de la primera acción de este tipo aplicada en América Latina. El objetivo central es preservar la integridad del sistema económico y financiero frente a amenazas graves.
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