
El Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética del sector gasífero y extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión alcanzó exclusivamente a los segmentos de transporte y distribución de gas natural en todo el territorio nacional. De este modo, el Ejecutivo buscó garantizar el abastecimiento durante los próximos dos inviernos ante limitaciones estructurales persistentes. La medida respondió a la insuficiente infraestructura para trasladar el gas producido en Vaca Muerta hacia los principales centros urbanos.

En ese marco, la prórroga también apuntó a asegurar previsibilidad operativa en el sistema energético durante los meses de mayor demanda estacional. Además, el esquema habilitó nuevas herramientas para sostener el suministro mientras avanzan proyectos de ampliación del transporte existente. Según el Gobierno, la falta de capacidad instalada continúa condicionando el aprovechamiento pleno de la producción nacional de gas. Por ello, la emergencia se mantuvo como un instrumento transitorio para administrar el sistema energético.
Por otra parte, la prórroga incluyó el objetivo de abrir la importación de gas natural licuado a la participación de empresas privadas. Esta estrategia buscó diversificar fuentes de abastecimiento y reducir riesgos ante picos de consumo invernal.
El Ejecutivo consideró clave sumar actores privados para reforzar la seguridad energética durante los períodos críticos. La importación de GNL quedó planteada como un complemento frente a las restricciones internas de transporte.
La medida se implementó mediante el Decreto 49/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. El texto oficial contó con la firma del presidente Javier Milei y de todos los integrantes del Gabinete nacional. De esta forma, el Gobierno formalizó la continuidad del régimen de emergencia energética vigente. La prórroga mantuvo el mismo alcance sectorial definido en disposiciones anteriores.
Finalmente, el Ejecutivo sostuvo que la extensión de la emergencia permitirá planificar inversiones estratégicas en infraestructura energética. El objetivo central fue garantizar el suministro de gas natural durante los próximos inviernos sin afectar la demanda residencial. Mientras tanto, el Gobierno mantuvo la emergencia como herramienta regulatoria excepcional. La vigencia del decreto se extendió hasta finales de 2027.
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