Felipe “El Militar” Sosa volvió a ocupar el centro de la escena judicial durante una audiencia marcada por cuestionamientos sobre su salud mental. El acusado se presentó con una apariencia descuidada, muy distinta a la imagen habitual que mostraba anteriormente. En ese contexto, el debate se concentró en sus presuntas adicciones y en el impacto del encierro. “La incertidumbre es el peor enemigo de un soldado”, expresó ante el juez mientras seguía atentamente la discusión.
La defensa técnica, encabezada por Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, sostuvo que el imputado atraviesa un síndrome de abstinencia que requiere atención inmediata. Según explicaron, el penal de Benjamín Paz no cuenta con recursos suficientes para brindar la contención necesaria. Por ese motivo, reclamaron un abordaje terapéutico urgente para evitar un agravamiento del cuadro. Además, remarcaron que la situación exige una evaluación profesional independiente.
Cosiansi también cuestionó la estrategia legal anterior y rechazó la idea de que su cliente fuera solo un consumidor ocasional. El abogado aseguró que la magnitud del consumo fue mayor y mencionó antecedentes difundidos públicamente. “Eso no es así. Incluso, en varios medios de comunicación se difundió que en las fiestas a las que asistía había platos con cocaína”, afirmó para reforzar su postura. De esta manera, intentó demostrar la necesidad de un diagnóstico más profundo.
El pedido central consistió en trasladar a Sosa a un hospital público para realizar una pericia psiquiátrica imparcial. “No se pueden desatender los problemas de salud de una persona procesada. Vamos a aceptar lo que determine quien lo evalúe, pero pedimos que no sea alguien perteneciente al Ministerio Público. Creemos que lo más conveniente es que sea trasladado y diagnosticado en un hospital público”, sostuvo la defensa durante la audiencia.
Sin embargo, la auxiliar fiscal Luz Becerra rechazó la solicitud apoyándose en estudios previos realizados antes del alojamiento. “Antes de que fuera alojado, un perito lo examinó y fue contundente en su diagnóstico: determinó que no estaba intoxicado ni presentaba síntomas de abstinencia. No nos oponemos a que reciba atención médica, pero sí a que abandone el penal”, aclaró. El querellante Carlos Garmendia respaldó esa posición y agregó: “Por experiencia propia, puedo decir que es mucho más conveniente que al informe lo realice alguien que se traslade hasta el penal”.
Más allá del debate sanitario, la defensa denunció maltratos durante los traslados y dificultades para mantener entrevistas confidenciales. “En la primera audiencia advertimos que durante su traslado fue maltratado y que lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán. Sigue padeciendo malos tratos, presión psicológica y violaciones a sus derechos”, afirmó Cosiansi. Flores añadió: “Cada vez que lo hacemos, nos asignan una sala separada por un vidrio, está acompañado por personal penitenciario y permanece con las manos y las piernas esposadas”.
El propio Sosa reconoció su problema de consumo y pidió mejores condiciones de alojamiento para afrontar el proceso. “Estoy viviendo un momento difícil. Cuando uno consume, piensa que todo está bajo control, pero ahora me doy cuenta de que no es así”, confesó. Luego solicitó al magistrado: “Aprovecho la situación, señor juez, para pedirle que me permitan tener contacto con otros internos, ya que estoy solo y no puedo hablar con nadie”.
Finalmente, el juez Eduardo González ordenó que un especialista en salud mental evalúe al imputado dentro de las próximas 48 horas. También exigió al Servicio Penitenciario un informe detallado sobre las condiciones de detención, bajo amenaza de una multa diaria de $500.000 si incumple. Aunque el magistrado aclaró que no observó signos evidentes de abstinencia, consideró necesario despejar dudas mediante un diagnóstico profesional.
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