El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y formalizó su puesta en marcha tras una orden judicial que obligó al Ejecutivo a avanzar con su aplicación. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece el marco operativo de la norma sancionada por el Congreso en julio de 2025.
La ley, identificada como 27.793, había sido aprobada el año pasado pero permanecía sin aplicación efectiva debido a que el Poder Ejecutivo había condicionado su implementación a la disponibilidad de partidas presupuestarias. Esa decisión fue cuestionada en la Justicia y, en diciembre, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválido el artículo que frenaba su ejecución y ordenó su inmediata puesta en marcha.
En su fallo, el magistrado sostuvo que supeditar la vigencia de la ley a cuestiones presupuestarias resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado argentino. Además, advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo tratamientos y prestaciones esenciales para personas con discapacidad. Si bien el Gobierno apeló la resolución, la Justicia habilitó la feria judicial para supervisar su cumplimiento.
La reglamentación establece que la emergencia en materia de discapacidad se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por un año adicional. El decreto fija nuevas reglas para el diseño de políticas públicas, el acceso a prestaciones, el régimen de pensiones y los mecanismos de control y auditoría del sistema.
Uno de los cambios centrales es la reorganización del esquema de pensiones no contributivas por discapacidad. La norma define criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades, y dispone que las pensiones otorgadas con anterioridad serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, previa verificación administrativa.
Asimismo, el decreto refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud, y la instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los criterios de evaluación socioeconómica. También fija un plazo de 30 días para la presentación de un plan de auditorías periódicas, tal como establece la ley.
La reglamentación fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Federico Sturzenegger. En los considerandos, el Ejecutivo aclaró que avanza con la implementación “sin reconocer hechos ni derechos” ni adherir a los fundamentos de la sentencia judicial, pero con el objetivo de dotar de precisión operativa a la norma, ordenar su aplicación y fortalecer los mecanismos de control.
Con la publicación del decreto, el Gobierno dio un paso formal para activar la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un contexto marcado por reclamos de organizaciones sociales, familias y prestadores que venían advirtiendo sobre el impacto del retraso en la aplicación de la norma.
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