Gonzalo Mohamad
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue denunciado penalmente por una supuesta “falta de transparencia” en la firma de un contrato millonario con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La entidad está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del funcionario, y el acuerdo para dictar clases al personal de la Cancillería asciende a $114.044.133.
La presentación fue realizada este lunes por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, ante la Cámara Criminal y Correccional Federal. En el escrito solicitaron que se investigue a Sturzenegger y a otros funcionarios por la presunta omisión de publicar el convenio en la web de la Oficina Anticorrupción (OA).
Según los denunciantes, el paso estaría previsto en el Decreto 202/2017 cuando existe un vínculo entre un proveedor y un representante del Gobierno. En este caso, señalaron que la directora ejecutiva de la AACI mantiene una relación con el ministro, por lo que correspondía cumplir con los mecanismos de publicidad establecidos.
En el escrito también pidieron que se investigue a Rouillet. La denuncia detalla que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 el 19 de enero de 2026, adjudicando a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga, para continuar con la capacitación en inglés en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
De acuerdo al texto, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgía un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, lo que activó los procedimientos del artículo 4° del decreto: comunicación a la OA y a la SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de las actuaciones en el sitio oficial del ministerio.
Sin embargo, los abogados afirmaron que al consultar el buscador de “Casos informados a la OA” constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso. Sostuvieron que esa presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia y encuadraron los hechos en posibles delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles, además de mencionar como antecedente un contrato similar vigente en 2024 entre las mismas partes.
