El Gobierno nacional extendió por dos años el régimen excepcional que rige sobre el sistema ferroviario argentino. La Secretaría de Transporte formalizó la medida mediante la resolución 12 publicada en el Boletín Oficial. El titular del área, Fernando Herrmann, firmó la norma que fija el nuevo plazo hasta junio de 2028. La cartera adoptó la decisión cuatro meses antes del vencimiento previsto para junio de 2026. De esta manera, el Ejecutivo busca sostener el esquema legal que habilita contrataciones directas y procedimientos especiales.
En ese marco, la Secretaría de Transporte sostuvo que la prórroga permitirá mantener “herramientas excepcionales de gestión” para reorganizar el sistema ferroviario. El organismo explicó que la extensión garantiza continuidad institucional mientras se ejecutan obras en curso. Además, la resolución consideró que la medida constituye “una medida oportuna y razonable” para asegurar previsibilidad jurídica. Según el texto oficial, una definición tardía podría generar incertidumbre administrativa y afectar contratos vigentes. Por lo tanto, el Ejecutivo resolvió anticipar la decisión para evitar demoras en proyectos estratégicos.
La declaración original se dictó en junio de 2024 tras un choque en la línea San Martín a la altura de la estación Palermo. Un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte advirtió entonces deterioro estructural en infraestructura y material rodante. El diagnóstico también señaló problemas en programación de inversiones, sostenibilidad presupuestaria y niveles de servicio. A partir de ese escenario, el Gobierno activó un régimen extraordinario para intervenir de manera urgente. La norma contempló desde su inicio la posibilidad de una única prórroga para completar tareas pendientes.
A partir de esa herramienta, la Secretaría de Transporte lanzó un programa que incluye 226 obras prioritarias y más de 60 acciones estratégicas. El plan distribuye recursos en vías y puentes, material rodante, señalamiento e infraestructura eléctrica. El esquema asigna 31 por ciento a trabajos en vías; 27 por ciento a compra y reparación de trenes; 26 por ciento a señalamiento. Asimismo, el resto se dirige a obras estratégicas, mejoras eléctricas e intervenciones para mitigar riesgos operativos. Con este enfoque, el Gobierno intenta recuperar condiciones mínimas antes de promover participación privada.
En paralelo, la Secretaría informó avances en la renovación de más de 40 kilómetros de vías con más de un siglo de uso. El organismo también incorporó nuevas señales e implementó el sistema de frenado automático en líneas del AMBA. Además, el área adquirió tres locomotoras y 43 triplas diésel equivalentes a 150 coches de pasajeros. La cartera compró repuestos para más de 500 coches eléctricos y modernizó talleres para reducir fallas. Finalmente, el Ejecutivo afirma que la prórroga brinda marco legal para completar obras antes de avanzar hacia concesiones.
