

El Senado de la Nación Argentina sesiona desde las 11 para tratar la reforma laboral junto al Régimen Penal Juvenil. El oficialismo espera convertir en ley ambos proyectos antes del cierre de las sesiones extraordinarias. La bancada de La Libertad Avanza sostiene acuerdos alcanzados el 12 de febrero en el recinto. En aquella oportunidad, el cuerpo aprobó la reforma laboral con 42 votos afirmativos y 30 negativos.
El proyecto laboral volvió desde la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con una modificación puntual sobre licencias médicas. Diputados eliminó el artículo 44 que reducía plazos de licencias pagas por enfermedades no laborales. Si el Senado acepta el cambio, la norma quedará sancionada sin ese apartado. En caso contrario, la Cámara podrá insistir con el texto original aprobado previamente.
La senadora Carmen Álvarez Rivero expresó su respaldo durante el debate en comisión. La legisladora afirmó: “Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley. Es para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo”. Por su parte, la senadora Cristina López anticipó su rechazo en el recinto. La representante sostuvo: “Este proyecto no contempla la vida real de quienes viven de su salario. Hubo un tiempo en que trabajar 12 o 14 horas por día era normal. Sin descanso, sin indemnización, sin límites. Y las leyes laborales nacieron para terminar con esa forma moderna de esclavitud. Hoy nos quieren convencer de que retroceder es avanzar”.

El Régimen Penal Juvenil ya obtuvo media sanción en Diputados con 149 votos afirmativos y 100 negativos. La iniciativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos. El texto fija una pena máxima de hasta 15 años para homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, el régimen incorpora principios de proporcionalidad, legalidad, resocialización más control judicial permanente.
El proyecto también reconoce derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La norma garantiza información, asistencia jurídica, apoyo psicológico más participación en instancias relevantes. Para condenas menores a diez años, el texto prevé alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico o prohibiciones de acercamiento. El sindicalismo mantiene posturas divididas ante la reforma laboral, mientras el oficialismo espera cerrar la jornada con respaldo suficiente en el recinto.


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