Gonzalo Mohamad
La ofensiva judicial contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, sumó este martes un nuevo capítulo con la ampliación de la denuncia impulsada por el diputado Esteban Paulón. Tal como había anticipado el legislador en redes sociales, la presentación incorpora un pedido concreto: que se cite a declarar como testigo a la escribana que intervino en operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
El foco de la investigación está puesto en la compra de propiedades en Caballito y en Indio Cuá, movimientos que, según los denunciantes, presentan inconsistencias que requieren ser esclarecidas. “Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, sostuvo Paulón al dar a conocer la ampliación de la denuncia, marcando la intención de profundizar sobre la trazabilidad de esas transacciones.
En el expediente consideran que el testimonio de la escribana podría aportar precisión sobre los montos, las condiciones de compra y la identidad de los intervinientes. Estos elementos son considerados claves para determinar si hubo irregularidades en la adquisición de los inmuebles y para reconstruir el circuito de las operaciones cuestionadas.
En paralelo, la Justicia analiza otra línea de investigación que busca relevar todos los viajes realizados por Adorni durante 2023 y cruzar esa información con datos migratorios. La medida apunta a establecer si existe correspondencia entre los desplazamientos del funcionario, su situación patrimonial y las operaciones inmobiliarias bajo análisis.
La causa, que gira en torno a una presunta malversación, empieza así a sumar volumen probatorio y a diversificar sus líneas de investigación. Ya no se trata únicamente de las propiedades, sino también de un entramado más amplio que incluye viajes, registros oficiales y documentación notarial para detectar posibles inconsistencias.
En ese contexto, también se conocieron detalles de la compra de un departamento en Caballito por u$s230.000 realizada por Adorni. Según el Registro de la Propiedad Inmueble, la vivienda —de casi 200 metros cuadrados— pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes además figuran como acreedoras de un crédito hipotecario de u$s200.000, equivalente al 87% del valor de la operación. El inmueble había sido anteriormente propiedad del exfutbolista Hugo Alberto Morales, y la compra quedó bajo la lupa judicial al no haber sido el único movimiento inmobiliario del funcionario durante noviembre de 2025.
