Gonzalo Mohamad
El fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 el decomiso del departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario en el marco de la causa Vialidad.
El pedido forma parte de una nueva etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto estimado por la Justicia como perjuicio económico al Estado, cercano a los $685.000 millones. Según el dictamen, el inmueble estaría vinculado al entramado patrimonial investigado y debería incorporarse al decomiso.
La vivienda de Constitución es considerada uno de los bienes más relevantes incluidos en el nuevo listado presentado por la fiscalía, tanto por su valor simbólico como jurídico, ya que se trata del domicilio actual de la exmandataria desde que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
El requerimiento de Luciani incluye además 141 inmuebles, 46 automotores, más de US$ 4,6 millones en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner y casi US$ 1 millón depositado en una cuenta bancaria, además de otras sumas en pesos. También figuran propiedades y hoteles vinculados a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez.
Entre los activos mencionados aparecen el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea en El Chaltén, el chalet de la costanera en Río Gallegos y distintos terrenos en Santa Cruz. Todos estos bienes forman parte de la denominada “segunda tanda” de decomisos que busca ampliar la ejecución patrimonial iniciada tras la confirmación de la condena.
Ahora, el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, deberá resolver si incorpora estos bienes al proceso de ejecución. En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos intenta frenar la medida mediante distintos recursos judiciales.
