Un exmilitar fue condenado a 12 años por la apropiación del nieto 128

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 12 años de prisión al ex capitán de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Vega por su participación en la sustracción, retención y ocultamiento de Marcos Eduardo Ramos, el nieto recuperado N°128, y de su hermano Elías Ismael Suleimán.

Los jueces Ana Carina Farías, Cristina Edith Giordano y Federico Bothamley consideraron que los hechos, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, constituyeron crímenes de lesa humanidad. Vega fue declarado partícipe necesario de los delitos cometidos contra ambos hermanos y de las maniobras destinadas a alterar sus identidades.

La Fiscalía había solicitado 17 años de prisión efectiva, pero el tribunal fijó una pena de 12 años, que deberá cumplirse bajo monitoreo mediante un dispositivo electrónico. Además, ordenó una reparación integral para las víctimas y la continuidad de sus tratamientos psicológicos.

El caso ocurrió en diciembre de 1976, cuando Marcos tenía cinco meses y Elías ocho años. Ambos fueron secuestrados por personal militar en una vivienda del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. Su madre, Rosario del Carmen Ramos, militante del PRT-ERP, había sido secuestrada días antes y continúa desaparecida.

Tras el operativo, los hermanos fueron trasladados a Tafí Viejo y luego separados. Elías fue llevado a una vivienda donde sufrió malos tratos y amenazas, hasta que a los ocho años logró escapar y reencontrarse con su familia. Marcos, en cambio, fue sustraído y apropiado, y según la acusación fue entregado al agente civil de inteligencia Víctor Lucio Sánchez e inscripto falsamente como su hijo.

Marcos recuperó su identidad en 2018, cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó su vínculo materno con Rosario del Carmen Ramos. En junio de 2026, nuevos estudios genéticos confirmaron con una compatibilidad del 99,99% su vínculo paterno con Pastor Dante Campos.

En la sentencia, el tribunal destacó que la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una obligación permanente del Estado argentino.

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