El Gobierno publicó en el Boletín Oficial dos decretos vinculados con la política nacional sobre las Islas Malvinas. El Ejecutivo aumentó partidas destinadas a Defensa y otorgó nuevas funciones a Cancillería. Las medidas surgieron después de la cadena nacional encabezada por Javier Milei. Allí, el Presidente ratificó el reclamo argentino sobre el archipiélago y anunció acciones para proteger recursos estratégicos. El paquete también contempla futuras iniciativas legislativas sobre seguridad nacional.
Mediante el DNU 867/2026, el Ejecutivo modificó el Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2026. La norma busca garantizar recursos para las áreas estatales que cumplen funciones vinculadas con la defensa nacional. El decreto sostiene que una falta de adecuación inmediata podría afectar servicios esenciales bajo responsabilidad estatal. Milei vinculó esta decisión con una estrategia para fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur. “El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, remarcó.
El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esa normativa establece sanciones para quienes exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. Desde ahora, organismos nacionales deberán informar posibles incumplimientos dentro de cinco días hábiles administrativos. Luego, Cancillería podrá iniciar un procedimiento de oficio o mediante la comunicación correspondiente. El presunto infractor tendrá diez días para presentar su descargo y ofrecer pruebas antes de la resolución.
La decisión oficial también respondió al desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvina Norte. Milei advirtió sobre el avance de las actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de las islas. “Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió. El Presidente también anunció proyectos para crear un Consejo de Seguridad Nacional y proteger infraestructuras críticas. Además, anticipó una iniciativa sobre protección aeroespacial y marítima.
Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum respondieron al anuncio argentino mediante un comunicado conjunto. Las empresas sostuvieron que sus licencias cuentan con respaldo del Gobierno británico y continuarán vigentes. “No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”, señalaron. Ambas compañías también cuestionaron las sanciones anunciadas por Argentina. El proyecto atraviesa una etapa de desarrollo vinculada con futuras tareas de extracción petrolera.
El Gobierno también incorporó declaraciones juradas para trámites relacionados con el RIGI y el sector hidrocarburífero. Las empresas deberán declarar que no incurren ni incurrirán en conductas prohibidas por la Ley 26.659. Además, Cancillería podrá intervenir para determinar posibles incompatibilidades en permisos, concesiones y autorizaciones. En paralelo, Milei anunció una Base Naval Integrada en Ushuaia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. Mientras tanto, las petroleras ratificaron su intención de continuar con Sea Lion pese a las medidas.
