

La Justicia otorgó el arresto domiciliario a Jorge “Chicho” Díaz quien está acusado de encubrir el crimen de Érika Antonella Álvarez. La medida se resolvió durante una audiencia de impugnación donde la jueza Jimena Suárez hizo lugar al planteo de la defensa. El abogado Juan Pablo Bello pidió modificar la medida de coerción y sostuvo que Díaz no representa un riesgo para la investigación.
El fiscal Pedro Gallo rechazó el pedido y también se opuso el representante de la querella, Carlos Garmendia. Pese a esas objeciones, la magistrada decidió otorgar la prisión domiciliaria.
Suárez fijó una caución de $20 millones de pesos y si bien el monto resultó inferior al solicitado inicialmente, la jueza consideró la situación personal del acusado al establecer la suma. El defensor Juan Pablo Bello explicó las dificultades para reunir el dinero. “Vamos a tratar de conseguir ese valor, es muchísimo dinero para un jardinero y un mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, afirmó.
La investigación señala a Díaz por su presunta participación en maniobras de encubrimiento.

El crimen de Érika Antonella Álvarez ocurrió el 7 de enero, la joven fue asesinada en una vivienda de Yerba Buena. Luego, los investigadores encontraron el cuerpo en un descampado de Manantial Sur. Por el femicidio, la Justicia acusó a Felipe “El Militar” Sosa y la causa también involucra a otras personas por el supuesto encubrimiento. Entre ellas aparece Justina Gordillo, quien es funcionaria judicial y fue pareja de Sosa. También figura Nicolás Navarro Flores, amigo personal del acusado por homicidio agravado.
La investigación ubica a Díaz como empleado de confianza del empresario y la acusación sostiene que los tres acusados realizaron distintas acciones para intentar encubrir el crimen. Gordillo también cumple arresto domiciliario. La acusada accedió al beneficio luego de pagar una caución de $30 millones. Además, la Justicia dispuso que utilice una pulsera de seguimiento. En el caso de Navarro Flores, la situación procesal es diferente. El acusado ya cumple una condena de tres años de prisión dado que aceptó esa pena mediante un juicio abreviado.
Preparan el juicio por el crimen de Érika
Mientras avanzan los planteos sobre las medidas de coerción, la Justicia continúa con las audiencias preparatorias. El objetivo es avanzar hacia el juicio oral y según lo informado en la causa, el debate podría realizarse antes de fin de año.
La causa también registró novedades en relación con el reclamo civil. Marcelo Cosciansi, defensor de Sosa, solicitó excluir a los hermanos de Érika del reclamo y la Justicia hizo lugar al planteo.
El pedido de resarcimiento económico alcanza los $500 millones. Con la exclusión de los hermanos, el monto reclamado se reduciría en un 50%.
Durante las audiencias también surgió otro dato relacionado con el cuerpo de la víctima. Según lo expuesto, Sosa habría reconocido que fue quien “descartó” el cuerpo de Érika. Esa versión sostiene que tomó esa decisión por temor a sufrir represalias. El temor, de acuerdo con lo señalado durante las audiencias, estaría relacionado con la pareja de la víctima.


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