El PAMI presentó una denuncia penal contra un médico y autoridades de una clínica ubicada en General Pico, La Pampa. La presentación señala una posible defraudación contra la administración pública vinculada con prestaciones médicas registradas. Según el expediente, el profesional identificado como C.A. tenía dos perfiles dentro del sistema informático del organismo. La clínica, además, facturó $1.314.310.087,81 durante 2025, más de $800 millones por encima de otro prestador similar.
La investigación comenzó después de nueve auditorías que revisaron órdenes médicas electrónicas, registros de afiliados y niveles de facturación. Según la documentación, C.A. figuraba como médico de cabecera y también como especialista en cardiología dentro del sistema. Esa situación le habría permitido generar y validar órdenes electrónicas correspondientes a prácticas que no habrían sido realizadas. Además, algunos profesionales desconocieron firmas que aparecían asociadas a determinadas órdenes médicas.
Para analizar el caso, los auditores compararon información del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas con testimonios de afiliados. También revisaron los montos facturados por distintos prestadores que operaban dentro de la misma jurisdicción. El perjuicio económico todavía no fue determinado por las sedes judiciales donde tramitan las investigaciones. Sin embargo, PAMI señaló que los valores involucrados en las distintas causas representan montos relevantes.
La presentación fue realizada el 7 de agosto ante el fiscal federal de la Unidad Fiscal de Investigación PAMI. El organismo acusó al médico y a los responsables de la clínica por defraudación contra la administración pública. También incluyó los delitos de defraudación mediante ardid o engaño y falsedad ideológica. La hipótesis sostiene que los involucrados utilizaron registros informáticos para simular prestaciones médicas y obtener beneficios económicos.
La denuncia se suma a una serie de controles que el organismo comenzó a profundizar desde noviembre de 2025. Desde entonces, PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores por cobros indebidos, prestaciones inexistentes o incumplimientos vinculados con establecimientos. El organismo también informó que existen al menos siete causas penales activas en diferentes jurisdicciones federales. “Auditar no significa perseguir”, sostuvo PAMI al comunicar medidas adoptadas contra otros prestadores.
Mientras avanza la causa penal, PAMI evalúa retirar al médico y a la clínica del sistema de prestadores. La medida no debería interrumpir la atención de los afiliados que utilizan los servicios de ese establecimiento. El organismo también mantiene controles sobre facturación, historias clínicas, turnos digitales y actividad de los profesionales. Ahora, el fiscal deberá disponer medidas de prueba para determinar si corresponde avanzar con una investigación formal.
