Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años. La resolución quedó a cargo de Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3.
El expediente se inició por una denuncia de tentativa de robo. Según relató el damnificado, caminaba por la calle cuando observó a cinco jóvenes. El hombre dijo que varios se encontraban distribuidos en distintos puntos de una esquina. Además, afirmó que continuó su recorrido mientras los mantenía bajo observación.
En ese momento, uno de los jóvenes le gritó: “Dame todo. Dame el celular”. Ante esa situación, el hombre comenzó a correr. Poco después encontró a un agente de la Policía de la Ciudad y pidió asistencia.
En su resolución, De Marinis analizó las circunstancias del episodio. La jueza sostuvo que la intimidación podía configurar la violencia requerida para una acusación por robo. Sin embargo, remarcó que el hecho no llegó a concretarse. El denunciante logró escapar y luego intervino personal policial.
La magistrada también señaló que el robo protege tanto la propiedad como la integridad física de las personas. No obstante, consideró que en este caso no se produjo una afectación patrimonial. Según explicó, el damnificado atravesó una situación estresante, pero no perdió sus bienes.
A partir de ese análisis, De Marinis planteó además una discusión más amplia. La jueza cuestionó cuál debe ser la respuesta estatal frente a adolescentes que cometen hechos considerados delitos antes de alcanzar la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.
En ese sentido, sostuvo que el Estado debe priorizar las herramientas destinadas a brindar asistencia y garantizar derechos. También destacó el principio de proporcionalidad. Según su interpretación, ese criterio permite evaluar si la reducción de la edad de punibilidad genera una respuesta regresiva en casos concretos.
La magistrada advirtió, además, sobre los riesgos de trasladar al sistema penal responsabilidades que corresponden al mundo adulto. Señaló que la incorporación de adolescentes al sistema penal debería funcionar como último recurso. También aclaró que su planteo no busca justificar las infracciones cometidas por menores.
La resolución generó una reacción política. La senadora Patricia Bullrich cuestionó públicamente el fallo a través de su cuenta de X. La exministra sostuvo que algunos jueces priorizan la protección de quienes cometen delitos por encima de las víctimas. También calificó esas decisiones como generadoras de impunidad.
La decisión porteña se suma a una resolución dictada en la provincia de Buenos Aires. Allí, la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Pascual también respondió a las críticas que recibió por su decisión. La magistrada aclaró que no busca justificar los delitos cometidos por adolescentes. Sin embargo, cuestionó que una modificación legal, por sí sola, pueda garantizar mayor seguridad.
Además, explicó que su posición no implica necesariamente rechazar una eventual reducción de la edad de imputabilidad. Su principal objeción apunta a las condiciones necesarias para aplicar esa política.
En los fundamentos de su resolución, Pascual puso el foco en la capacidad del Estado bonaerense. En particular, planteó si la provincia dispone de infraestructura, instituciones y profesionales suficientes para alojar a adolescentes bajo estándares compatibles con los derechos humanos de la niñez.
De esta manera, ambos fallos abrieron un nuevo debate judicial sobre el alcance del régimen penal juvenil. Las resoluciones ponen en discusión tanto la edad de responsabilidad penal como las condiciones que debe garantizar el Estado para aplicar una política de este tipo.
