Malvinas: el Reino Unido extendió por cinco años las licencias petroleras

La decisión permitirá que las compañías que ya poseen permisos continúen con sus actividades de exploración y explotación petrolera durante ese período.
Mundo22 de septiembre de 2026Canal 10Canal 10

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La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore. La medida se da en medio de la disputa con Argentina por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y cuenta con el respaldo del Reino Unido.

La decisión permitirá que las compañías que ya poseen permisos continúen con sus actividades de exploración y explotación petrolera durante ese período. Además, las licencias podrán extenderse por otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo establecidos.

“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña.

La medida se conoció mientras el Gobierno argentino intensifica sus acciones contra las compañías que operan en la zona sin autorización nacional. Argentina considera ilegales las licencias concedidas por las autoridades británicas y sostiene que cualquier actividad vinculada con hidrocarburos requiere autorización argentina.

Uno de los principales proyectos alcanzados es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. El proyecto está encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que poseen el 65% y 35% de participación, respectivamente, y prevén comenzar la extracción en marzo de 2028.

En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion. Argentina invoca, entre sus argumentos, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que el Reino Unido sostiene que el país no tiene jurisdicción sobre las empresas que operan en las islas.

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