El Gobierno nacional aprobó la readecuación del contrato con Aeropuertos Argentina 2000, que administra 35 terminales del Sistema Nacional de Aeropuertos. La decisión administrativa fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y establece nuevas condiciones para la continuidad del servicio. La concesión tenía vigencia hasta 2038, pero el acuerdo fijó una extensión inicial hasta febrero de 2049. Además, el contrato contempla una posible continuidad hasta 2056 si la empresa cumple con las condiciones vinculadas al programa de inversiones.
Como parte de la renegociación, Aeropuertos Argentina asumió una inversión adicional de USD 600 millones, IVA incluido, destinada a infraestructura aeroportuaria. El programa contempla obras necesarias para atender las condiciones de capacidad, seguridad y calidad previstas para los próximos años. La empresa deberá demostrar antes del 30 de junio de 2027 que dispone de fondos, créditos o compromisos financieros suficientes. Además, deberá alcanzar el porcentaje de ejecución establecido en el acuerdo antes del 31 de diciembre de 2031.
La renegociación surgió después de que la pandemia afectara el tráfico aéreo, los ingresos y la estructura de costos del sistema aeroportuario. El ORSNA evaluó distintas alternativas para recomponer el equilibrio económico-financiero del contrato y presentó informes técnicos sobre las condiciones futuras. Finalmente, las partes acordaron una solución que combina plazo concesional, inversiones, mecanismos de revisión y proyecciones financieras. El esquema también establece una tasa interna de retorno de referencia del 14,3%, sin convertir ese porcentaje en una rentabilidad garantizada.
La nueva estructura establece que la concesión continuará hasta 2049 como plazo previsto dentro del acuerdo aprobado por el Gobierno nacional. Sin embargo, la empresa podrá extender el período hasta 2056 si acredita los recursos necesarios para ejecutar las obras comprometidas. También deberá cumplir con el grado de avance exigido dentro de los plazos establecidos por el contrato. El ORSNA tendrá a su cargo la verificación de las condiciones que determinarán si corresponde mantener la extensión adicional prevista.
El entendimiento incluye mecanismos para concluir reclamos administrativos y judiciales vinculados con la relación contractual entre el Estado nacional y la empresa. De acuerdo con la decisión oficial, las partes desistirán de las controversias comprendidas dentro de los términos establecidos por el Acta Acuerdo. El objetivo declarado consiste en reducir la litigiosidad y establecer un marco contractual para la continuidad del servicio. Además, el programa de inversiones no contará con los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones, según informó la documentación oficial y el detalle publicado sobre la renegociación.
