Canal 10
La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordenó aplicar dos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución contempla la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, otorgó al Estado un plazo de cinco días para cumplir con la medida. En caso de incumplimiento, advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas por no acatar la orden judicial.
La nueva resolución fue dictada luego de que el Gobierno presentara un pedido de revocatoria contra una intimación anterior. Frente a ese planteo, el magistrado amplió los fundamentos de su decisión y ratificó que la medida cautelar se encuentra firme.
Uno de los puntos centrales de la resolución está relacionado con la actualización salarial. El juez tomó como referencia la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 y, con base en el IPC del INDEC, señaló que durante ese período alcanzó el 312,19%, aunque sostuvo que de las respuestas presentadas por el Estado no surge que se haya alcanzado ese incremento.
La resolución también analiza la recomposición de las becas estudiantiles, prevista en el artículo 6° de la Ley 27.795, que establece la actualización según la variación acumulada del IPC e incluye a los programas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras becas. Sin embargo, la representación del Estado sostuvo que, según su interpretación, la única que encuadra en la ley es la Beca Manuel Belgrano, argumento que para el juez no acredita el cumplimiento de la cautelar.
La medida fue dictada en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires y se encuentra firme tras una resolución de la Corte Suprema de junio pasado que avaló la decisión del juez.
