La Justicia federal avanzó con nuevas medidas para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). El juez Martín Cormick resolvió aplicar multas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la falta de cumplimiento de la normativa. La sanción comenzará con un monto de $100.000 por día.
La decisión se conoció horas antes de la quinta marcha en defensa de la educación pública. Además, el magistrado advirtió que podrá modificar los importes y ampliar la lista de funcionarios alcanzados por la resolución si la situación lo requiere.
El conflicto judicial comenzó a tomar mayor impulso la semana pasada. El martes, Cormick declaró inconstitucional el decreto que firmó el presidente Javier Milei para evitar la aplicación de la ley. El Congreso había aprobado la norma y ambas cámaras ratificaron su vigencia después del veto presidencial.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo apeló el fallo. El viernes pasado, el juez concedió ese recurso, aunque aclaró que mantendría la ejecución de la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con los pagos previstos.
La resolución original data de diciembre del año pasado. En ese momento, Cormick ordenó al Gobierno garantizar los fondos destinados a los salarios de docentes y no docentes, además de las becas universitarias.
Posteriormente, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó la medida. En junio, la decisión quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos del Poder Ejecutivo.
A pesar de esos antecedentes judiciales, el Gobierno no cumplió con lo dispuesto. Por ese motivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó el martes que la Justicia aplicara sanciones económicas para forzar la ejecución de la ley.
El organismo presentó el pedido ante Cormick y reclamó que avanzara con las multas. El magistrado ya había considerado esa posibilidad el 22 de septiembre, cuando intimó al Ejecutivo a cumplir con la normativa.
En su resolución, Cormick apuntó directamente contra el titular de la Jefatura de Gabinete. El juez fundamentó su decisión en las atribuciones que el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley 27.798 asignan a ese funcionario.
De esta manera, la sanción no recae de forma genérica sobre el Estado, sino sobre una autoridad con responsabilidades concretas en la administración nacional. El criterio también registra un antecedente reciente en otra causa judicial.
En ese caso, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, garantizar el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci, valoró la decisión judicial. El dirigente destacó tanto la aplicación de una multa diaria como la identificación de un funcionario responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa.
“ No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente”, expresó Bartolacci.
Además, sostuvo que el proceso todavía debe avanzar para alcanzar una respuesta definitiva. “Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso importante”, agregó.
La resolución suma presión judicial sobre el Gobierno nacional en medio del conflicto por el financiamiento universitario. Mientras continúa la disputa por la aplicación de la ley, las universidades reclaman que el Ejecutivo garantice los recursos establecidos para el funcionamiento del sistema público de educación superior.
