El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad




El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones, y registró una sola ausencia: la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien cuenta con licencia por maternidad.
La norma, que había recibido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, fue sancionada sin modificaciones. De esta manera, reemplaza el régimen de emergencia, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre, por un sistema permanente que garantiza la continuidad de las pensiones, la cobertura médica y la actualización de los aranceles que reciben los prestadores.


Entre sus principales disposiciones, establece que las pensiones no contributivas equivaldrán al 70% del haber jubilatorio mínimo y se actualizarán de acuerdo con la movilidad previsional. Además, serán compatibles con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para acceder al beneficio será obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En materia de salud, la ley garantiza la cobertura del programa Incluir Salud para los titulares de estas pensiones. También establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del año anterior. Por otra parte, los aranceles de los prestadores se actualizarán mediante el índice de movilidad y un estudio de costos.
El texto también fija plazos para regularizar las obligaciones del Estado con los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá informar el cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las deudas en un plazo máximo de 90 días corridos. A su vez, incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.
Por último, la normativa establece que cualquier eventual suspensión de beneficios deberá contar con una notificación fehaciente y un plazo para que el titular pueda presentar su descargo. También contempla la participación del Consejo Federal de Discapacidad en el diseño de políticas públicas y dispone que el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentar la ley.
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