AMIA: cinco claves para entender 31 años de impunidad

El 18 de julio de 1994 marcó para siempre la historia argentina. A 31 años del atentado a la sede de la AMIA, el mayor acto terrorista en el país sigue impune, y persisten cinco interrogantes fundamentales: ¿qué ocurrió realmente aquel día? ¿quiénes fueron los responsables materiales y políticos? ¿por qué la justicia aún no pudo esclarecer los hechos? ¿cómo actuaron –o fallaron– los sucesivos presidentes ante esta tragedia? ¿y qué significado tiene hoy el reclamo de memoria y justicia? 

Las respuestas, esquivas o silenciadas, revelan no sólo una deuda con las víctimas y sus familias, sino también una fractura institucional profunda: un Estado que, entre complicidades, negligencias y disputas de poder, fue incapaz de brindar verdad, castigo y reparación. La causa AMIA no solo desnuda la ineficiencia del sistema judicial, sino que exhibe las tensiones entre política, inteligencia y derechos humanos en la Argentina democrática.

¿Qué ocurrió en aquella mañana fría de invierno?

Eran las 9:53 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires cuando una potente explosión destruyó por completo la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la calle Pasteur 633. El ataque dejó un saldo de 85 personas muertas y más de 300 heridas. El atentado fue realizado, según la principal hipótesis, mediante un coche bomba: una camioneta Renault Trafic con explosivos que ingresó al frente del edificio y se detonó allí.

Ese día cambió la historia argentina. La brutalidad del atentado fue tal que superó incluso al ocurrido en 1992 contra la embajada de Israel. Ambas agresiones señalaron a un enemigo externo pero también evidenciaron las debilidades internas: servicios de inteligencia, instituciones judiciales y gobiernos democráticos no estuvieron a la altura.

Desde un comienzo, se sospechó de la autoría de Hezbollah, brazo armado y político del Líbano con financiamiento iraní. Sin embargo, en más de tres décadas, ni el sistema judicial ni el político lograron una verdad judicial sólida ni castigo para los culpables materiales e intelectuales. La impunidad se volvió norma.

¿Qué pasó con la investigación judicial?

El derrotero judicial de la causa AMIA es una historia de encubrimientos, negociaciones políticas, falsos testigos, complicidades del poder y desinterés estatal. En un principio, la causa fue conducida por el juez Juan José Galeano, que en 2004 fue destituido por haber pagado 400 mil dólares al detenido Carlos Telleldín para que testificara de forma conveniente. Esa maniobra terminó de desarmar el expediente judicial original.

En 2005, la causa fue declarada nula y Galeano, junto con exfuncionarios como Hugo Anzorreguy (exjefe de la SIDE) y Carlos Corach (exministro del Interior), fue procesado. Recién en 2019, la justicia condenó a Galeano y a otros exfuncionarios por encubrimiento, no por el atentado en sí.

Paralelamente, desde 2006 Interpol mantiene pedidos de captura internacional contra altos exfuncionarios iraníes, a instancias del fiscal Alberto Nisman. Ninguno fue extraditado. Irán ha negado sistemáticamente toda participación en el atentado y las órdenes de captura fueron incluso motivo de conflicto diplomático con Teherán.

En la actualidad, la causa madre no tiene condenados por el atentado. Y aunque existen investigaciones paralelas —como la causa AMIA II (por encubrimiento)—, los avances han sido mínimos.

¿Por qué la política y la justicia no dieron respuestas?

El caso AMIA se convirtió en una muestra paradigmática de cómo el sistema institucional argentino puede fallar estructuralmente. La justicia operó, en muchos tramos, como una extensión de las necesidades políticas. Los servicios de inteligencia, en lugar de colaborar con la verdad, manipularon información o la retuvieron.

Durante los años noventa, bajo la presidencia de Carlos Menem, se construyó una “verdad oficial” basada en falsedades. La responsabilidad por este encubrimiento también le valió al expresidente un juicio, aunque falleció en 2021 sin condena firme.

El caso volvió al centro de la escena en 2015 con la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien había denunciado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento tras la firma del memorándum de entendimiento con Irán, una estrategia del gobierno para reactivar la causa. El acuerdo proponía interrogar a los acusados iraníes en Teherán.

Nisman apareció muerto pocos días después de presentar su denuncia. Desde entonces, se mantienen abiertas dos causas: una que investiga su muerte (si fue suicidio o asesinato) y otra que analiza si la firma del memorándum constituyó un delito.

¿Qué hicieron los presidentes en relación con la causa?

Cada gobierno tuvo su discurso y su forma de intervenir, directa o indirectamente, en la causa. Pocos lograron avances sustanciales.

Carlos Menem (1989-1999): Prometió verdad, pero la justicia determinó que hubo encubrimiento en su gestión. Fue procesado, aunque sin condena firme hasta su fallecimiento.

Fernando de la Rúa (1999-2001): Su mandato estuvo atravesado por la crisis económica y política, y no realizó movimientos relevantes en la causa AMIA.

Néstor Kirchner (2003-2007): Dio un giro en la política de Estado: desclasificó archivos de inteligencia, calificó el atentado como “una deuda de la democracia” y fortaleció la cooperación con Interpol. Bajo su gobierno, la causa avanzó hacia las acusaciones internacionales contra Irán.

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): Desde sus tiempos como senadora impulsó el esclarecimiento del atentado. En la presidencia buscó alternativas diplomáticas —como el memorándum— para destrabar la causa. Pese a la controversia, su gestión mostró compromiso con la búsqueda de justicia. Fue denunciada por encubrimiento, aunque sus defensores sostienen que fue perseguida por intentar avanzar con la causa por otras vías.

Mauricio Macri (2015-2019): Impulsó los pedidos de extradición a los acusados iraníes, creó una unidad especial AMIA en la Cancillería y buscó reestablecer relaciones con Estados Unidos e Israel en materia antiterrorista. La causa, sin embargo, no registró progresos judiciales.

Alberto Fernández (2019-2023): Mantuvo un perfil bajo respecto a la causa, intentando no confrontar con sectores de políticos ni del Poder Judicial. Se comprometió en actos oficiales, pero sin un rol activo institucional.

Javier Milei (2023-actualidad): Alineado internacionalmente con Israel y crítico del régimen iraní, Milei renovó el pedido de justicia, condenó a Irán y prometió no descansar hasta conocer la verdad. Su gobierno expresó públicamente que hará un seguimiento especial del tema.

¿Qué pasa hoy con la memoria y los reclamos?

A 31 años del atentado, las heridas siguen abiertas. Cada 18 de julio, la sede de la AMIA realiza un acto con familiares, funcionarios y organizaciones. Pero no es el único: Memoria Activa y Apemia también convocan, desde una mirada crítica hacia los gobiernos y el poder judicial.

Las diferencias entre las agrupaciones se centran en el grado de responsabilidad que le asignan al Estado argentino. Mientras AMIA reclama un mayor compromiso político, Apemia denuncia que el atentado fue un crimen de Estado encubierto por todos los gobiernos.

Las generaciones jóvenes, hijas y nietas de las víctimas, hoy encabezan los reclamos con nuevas herramientas y exigen que la causa no quede en el olvido. Para ellas, como para muchos familiares, la impunidad es la “segunda bomba”, la que mata en silencio.

El Estado argentino, pese a la retórica anual, no logró garantizar justicia. Y la causa AMIA se convirtió en un espejo de una democracia que aún no puede proteger ni reparar a sus víctimas.

A más de tres décadas del atentado a la AMIA, las preguntas siguen abiertas. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cómo se encubrió? ¿Qué hicieron o dejaron de hacer los gobiernos? Las respuestas, si alguna vez llegan, tendrán que enfrentarse a una historia de complicidades, desidia e impunidad. Mientras tanto las víctimas siguen reclamando memoria, verdad y justicia.

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