Septiembre inicia con una nueva semana de paros en la UNT
El conflicto universitario en Tucumán no da tregua y se profundizará desde la próxima semana con una nueva medida de fuerza. ADIUNT resolvió realizar un paro de 48 horas, previsto para el lunes 1 y martes 2 de septiembre. La decisión fue tomada en asamblea y responde a la falta de respuestas del Gobierno nacional, en un contexto marcado por la tensión económica y política.
Los fundamentos del reclamo giran en torno a dos ejes principales: recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades públicas. Según el gremio, las propuestas oficiales no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas. Ariel Osatinsky, secretario de Finanzas de ADIUNT, cuestionó la oferta oficial y señaló: “Un docente a cargo de 40 horas percibe alrededor de $800.000, mientras que uno que dicta 10 horas cobra en torno a $250.000. Eso queda muy lejos de una canasta familiar que ubicamos en torno a los $1.200.000”.
La situación se agrava por los problemas en la obra social, denunciaron los dirigentes. Según informan, un sector importante de docentes destina cerca del 30% de su salario en prestaciones médicas y se estima que ese porcentaje subirá en septiembre. Para el sindicato, este escenario resulta insostenible y acelera la decisión de sostener el plan de lucha. La masiva adhesión al último paro, que alcanzó alrededor del 70% en la Universidad Nacional de Tucumán, es leída como un indicador del creciente malestar.
El impacto se siente con fuerza en el inicio del segundo cuatrimestre. Paros, clases públicas y movilizaciones configuran un panorama de incertidumbre en la comunidad universitaria. Con la protesta programada para los primeros días de septiembre, la conducción sindical espera que la presión obligue al Ejecutivo a mejorar las propuestas. La continuidad de la lucha dependerá, sostienen, de la capacidad del Gobierno para dar respuestas.
El paro de la semana próxima se proyecta como un nuevo termómetro de la tensión en las universidades nacionales. Los trabajadores insisten en que la única salida es un cambio profundo en la política salarial y presupuestaria.