El Gobierno nacional formalizó este jueves una denuncia judicial tras los ataques sufridos por la caravana encabezada por Javier Milei en Lomas de Zamora. El escrito quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo del juez subrogante Federico Armella, con la acusación de intimidación pública y atentado a la autoridad, delitos agravados por coparticipación criminal.
La presentación fue impulsada por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y apunta a la posible planificación de los hechos. Según el texto, “los videos públicos y las averiguaciones realizadas a partir del material publicado en sitios abiertos indican la posibilidad verosímil de un obrar conjunto de un grupo de más de tres personas convocadas y organizadas para tal fin”. El Gobierno considera que la agresión habría sido organizada y no un episodio aislado.
En el documento judicial se dejó plasmada la línea política oficial respecto de la violencia. La frase “el que las hace, las paga” quedó expresamente citada en el expediente para marcar la respuesta que adoptará la gestión frente a situaciones de este tipo. Con ese encuadre, los hechos se investigan bajo artículos específicos del Código Penal que prevén sanciones con agravantes cuando intervienen varias personas de manera coordinada.
El presidente Javier Milei, al conocer la radicación de la causa, transmitió un mensaje interno a sus ministros. Allí expresó sentirse “muy bien de ánimo, casi exultante” y señaló que el ataque respondía a “un gesto de desesperación” de sus adversarios. Recordó además que ya había padecido situaciones violentas en el pasado y aseguró que este episodio lo impulsa a redoblar su campaña. Finalizó con un tono político más fuerte: “Sigamos avanzando, la libertad avanza o Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más, ¡viva la libertad, carajo!”.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la detención de dos personas vinculadas con los hechos. Explicó que quedaron a disposición de la Justicia federal y precisó que el mandatario “se encuentra en excelente estado de salud, trabajando en la quinta de Olivos”. Ante versiones sobre una supuesta gravedad institucional, descartó que el Gobierno evaluara declarar un feriado nacional.
La investigación judicial continuará con las pericias, las identificaciones formales de los detenidos y la evaluación de nuevo material probatorio. Mientras tanto, el episodio alimenta un debate político más amplio sobre seguridad en actos de campaña y la capacidad del Estado para responder frente a la violencia en el espacio público.
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