El millonario reclamo de Tucumán por el dique El Cadillal

La Casa de Gobierno de Tucumán elevó su reclamo contra Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA), concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Celestino Gelsi, conocido como el dique El Cadillal, multiplicando por doce el monto exigido. La provincia busca recuperar los fondos desembolsados para reparar la presa lateral N.º 3, tras detectar fallas en su estructura.

En diálogo con Los Primeros TV, la fiscal del Estado, Yilda Pedicone, explicó: “La concesión de una presa significa explotarla en su rendimiento, proveedora de agua, proveedora de electricidad, y es una concesión contractualmente pactada donde la empresa tenía la obligación de mantener el buen funcionamiento, el buen estado y en permanente evaluación el comportamiento de la presa”.

Pedicone agregó que “el año que viene se vencen los 30 años de la concesión y hace un par de años se han empezado a detectar falencias en la construcción de la presa, en huequedades que se habían hecho como consecuencia del tiempo probablemente, y que la empresa no venía controlando, no venía monitoreando y no venía reparando”.

Frente a esa situación, indicó la fiscal: “La provincia se vio en la obligación de tomar un servicio técnico de determinación del daño y cómo repararlo. El daño era cierto, era real, y frente a eso se contrató a una empresa que comenzó a realizar las reparaciones, con la idea de ir analizando cuánto más de material se necesitaba para rellenar esas huequedades. Este proceso comenzó en 2024 y hoy todavía no está definido el monto total”.

HTSA negó su obligación de afrontar los costos y cuestionó la necesidad y urgencia de la intervención. Además, pidió levantar el embargo preventivo de 1.232 millones de pesos, compuesto por gastos de la primera etapa de la obra y otros desembolsos vinculados a la reparación de la presa.

El expediente se inició en marzo de 2024, luego de que la provincia llevara el caso ante la Justicia Federal de Tucumán. Un año antes, mediante un decreto de necesidad y urgencia ratificado por la Legislatura, el Ejecutivo autorizó la contratación directa de la unión de empresas Sabavisa–Mercovial. La obra inicial se estimó en 688 millones, pero inspecciones técnicas y redeterminaciones aumentaron el monto, justificando el desembolso realizado para garantizar la seguridad y proteger bienes y vidas humanas.