El Gobierno promulgó leyes y frenó su aplicación por el gasto público
El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes N° 27.795 y 27.796, que crean el nuevo régimen de financiamiento universitario y declaran la emergencia sanitaria pediátrica. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso establezca las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
La medida se oficializó en la madrugada con los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo justificó la suspensión por el fuerte impacto fiscal que implicarían las normas. Es la misma decisión que tomó hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad, también frenada por falta de recursos.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada tras el rechazo del veto presidencial. Busca garantizar el presupuesto para las universidades, actualizar los gastos de funcionamiento y recomponer los salarios docentes y no docentes. Según el decreto, aplicar la norma demandaría un gasto adicional superior a los $123.000 millones este año y más de $1 billón en 2025.
El texto establece que los sueldos del personal universitario deben actualizarse según la inflación. El Gobierno calculó que, para igualar la suba de precios desde diciembre de 2023, sería necesario un aumento del 40,25 % sobre los básicos de julio. Además, las sumas no remunerativas deberían incorporarse al salario, con un costo extra estimado de $178.000 millones el próximo año.
La ley también prevé la actualización automática de los programas de becas estudiantiles, como Progresar y Manuel Belgrano. Esa medida implicaría partidas adicionales por más de $140.000 millones. En conjunto, el Ejecutivo considera que la implementación inmediata de todas estas disposiciones pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
La Ley de Emergencia Pediátrica, por su parte, busca fortalecer la atención infantil, mejorar los salarios del personal y garantizar el funcionamiento de los hospitales públicos. El Gobierno ya había vetado el proyecto en septiembre, al considerar que aumentaba el gasto público de forma “desmedida e irresponsable”. Pese a la insistencia del Congreso, el Ejecutivo volvió a frenar su ejecución hasta que haya fondos disponibles.