El Senado debate la reforma que modifica la Ley de Glaciares
El Senado inicia este jueves el tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares 26.639 en sesión convocada para las 11. El oficialismo impulsa el proyecto dentro del período extraordinario que finaliza el 27 de febrero. La iniciativa propone cambios en el esquema de protección ambiental vigente desde 2010. Además, el temario incluye la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, junto con el pliego diplomático de Fernando Iglesias.
La norma actual establece presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce. El texto define a estos cuerpos como bienes públicos destinados al consumo humano y a la recarga de cuencas. La ley también creó el Inventario Nacional de Glaciares bajo responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Ese registro contabiliza 16.968 glaciares distribuidos en doce provincias argentinas.
El proyecto oficial mantiene la prohibición de actividades en glaciares, aunque redefine el alcance sobre áreas periglaciares. La propuesta distingue entre formaciones que cumplen función hídrica estratégica y otras que no acreditan ese rol. En consecuencia, la reforma habilita posibles explotaciones en zonas que no demuestren impacto sobre reservas de agua. El Ejecutivo sostiene que la modificación busca “dar mayor previsibilidad a proyectos productivos”.
El texto otorga mayor intervención a las provincias para definir qué áreas deben considerarse protegidas dentro de sus territorios. El Gobierno fundamenta ese criterio en el artículo 124 de la Constitución Nacional sobre dominio de recursos naturales. Sin embargo, sectores ambientales advierten que la transferencia de competencias podría flexibilizar controles científicos vigentes. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas afirmó: “De aprobarse la reforma, todos los glaciares y ambientes periglaciares pueden ser destruidos”.
El debate también impacta en provincias cordilleranas con proyectos de minería, litio e hidrocarburos en expansión. Gobernadores de esos distritos reclaman reglas que permitan destrabar inversiones en sectores estratégicos. En cambio, organizaciones sociales y referentes eclesiásticos alertan sobre riesgos para el abastecimiento de agua. La discusión legislativa expone una tensión entre desarrollo económico y preservación de reservas hídricas.
Mientras tanto, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea avanza en el mismo recinto parlamentario. El Gobierno busca aprobar el tratado antes que otros socios regionales para asegurar ventajas comerciales. El Parlamento Europeo sometió el convenio a revisión judicial antes de su entrada en vigor. Así, el Senado concentra una jornada clave que combina debate ambiental, agenda económica y definiciones diplomáticas.